Fue el pasado 24 de diciembre cuando la oposición mencionó por primera vez que se estaba analizando la posibilidad de acusar constitucionalmente a ministros del presidente Gabriel Boric, pero no en este periodo, sino que después del cambio de mando con un nuevo presidente y un nuevo Congreso.
En la ocasión, EL DÍNAMO consultó a varios parlamentarios de Chile Vamos y Republicanos por el desorden financiero que evidenció un informe de Contraloría que objetó el gasto de $15,9 billones en reparticiones del Estado. Los ministerios de Defensa, Vivienda e Interior encabezaban la lista.
“Los ministros tienen responsabilidad política incluso después de tres meses de terminado el gobierno, por lo que en el próximo Parlamento vamos a tener los votos necesarios para poder ejercer esta responsabilidad política”, fue la advertencia que lanzó el diputado Jorge Alessandri (UDI).
En concreto, la norma —de rango constitucional— sostiene que las acusaciones para destituir a ministros “podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella”.
En otras palabras, la oposición —futuro oficialismo— podría iniciar una arremetida contra cualquier ministro hasta las primeras semanas de junio.
La amenaza tiene un destinatario directo: el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Tras conocerse el déficit fiscal en el Producto Interno Bruto (PIB) del 3,6%, las críticas se han concentrado en el jefe de la billetera fiscal, ya que en los pronósticos, Grau comprometió un 1,1% de déficit y luego en la corrección, un 2,2%.
En la oposición resienten el deterioro que han sufrido las arcas fiscales durante el mandato de Boric y la “situación crítica” en que asumirá José Antonio Kast. De hecho, en el sector creen que Grau junto a la directora de la Dipres, Javiera Martínez, han sobreestimado deliberadamente los ingresos para aumentar el gasto artificialmente. Y, por ende, que sobre el ministro recae una responsabilidad política “inevitable”.
“El Congreso tendrá que tomar las decisiones correspondientes porque la gravedad de los hechos no puede quedar sin una responsabilidad política y esta responsabilidad cabe en el ministro Grau por el mal resultado, el mal desempeño, el mal cálculo que ya veníamos viendo en los años anteriores”, afirmó la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado.
El problema es que la oposición no tiene los votos para arremeter contra uno de los ministros más cercanos a Boric. El precedente es especialmente negativo para la derecha: las ocho acusaciones presentadas contra los ministros de este gobierno fracasaron.
Sin embargo, la situación con el próximo Congreso podría cambiar. Las fuerzas que apoyaron la candidatura de Kast suman 76 votos, a dos de la mayoría absoluta. En tanto, el PDG, que eventualmente podría sumarse a un libelo acusatorio, tiene 14 votos.
La idea es que Grau deba comparecer ante el Parlamento después del 11 de marzo, con una nueva configuración de las fuerzas políticas y ya fuera del Gobierno.
Aunque la destitución del cargo no correría, la inhabilidad de los cinco años de ejercer en cargos públicos sí aplicaría, algo especialmente sensible para el economista del FA que podría quedar marginado de ejercer la docencia en universidades públicas. Entre ellas, la Universidad de Chile, donde egresó de la carrera de Ingeniería Comercial.
Por lo pronto, el Gobierno se ha encargado de blindarlo, descartando que existan argumentos para acusar al ministro, pese a la desviación del cálculo del déficit fiscal.
“Esta sería la décima acusación constitucional que presentaría la oposición si es que se materializa. Hasta el momento conocemos que hay una evaluación, pero nuevamente, lo que siempre decimos es que están en su legítimo derecho los parlamentarios, pero otra cosa es que tenga mérito”, dijo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.
