En medio de la polémica por el déficit fiscal del 3,6% del PIB, se conoció que el presidente Gabriel Boric y sus ministros —entre ellos el titular de Hacienda, Nicolás Grau— vieron incrementadas sus remuneraciones debido al pago del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG).
Según dio a conocer La Segunda, Boric aumentó sus ingresos de $7 a $10 millones, Grau aumentó de $6,9 a $8,1 millones; y Javiera Martínez, directora de la Dipres y apuntada como responsable del error en el cálculo de los ingresos que permitió el déficit, obtuvo una remuneración de más $17 millones, $10 millones más por sobre su habitual remuneración que se fija en los $7 millones.
La situación desató la indignación de la oposición que acusa que el actual gobierno heredará una precaria situación fiscal a la futura administración de José Antonio Kast.
Consultados por EL DÍNAMO, parlamentarios del sector adelantan que ejercerán acciones de control sobre los bonos recibidos por los funcionarios del gobierno de Boric y que tras el cambio de mando se apostará por eliminar este incentivo a altas autoridades del Estado.
La jefa de bancada de diputados Demócratas, Joanna Pérez, recuerda que en las sucesivas discusiones presupuestos durante este gobierno se le planteó al ex ministro Mario Marcel y posteriormente a Nicolás Grau la necesidad de eliminar esta asignación a ministros y cargos de confianza. Sin embargo, no hubo buena recepción a la idea por parte del Ejecutivo.
“Bueno, siempre hemos tratado de instalar, no solo ante el actual ministro, sino también ante el ministro Marcel, que la permisología no es necesaria si se asocian las metas de los servicios a objetivos eficientes y eficaces en cuanto a trámites y burocracia, que hoy son excesivos. Lamentablemente, esto no ha sido considerado por el gobierno”, planteó la legisladora.
En esta línea, aseveró que “lamentamos que el gobierno no respaldara en su momento la indicación que se cayó en el Senado, declarada fuera de la idea matriz del proyecto e inconstitucional, porque no contamos con iniciativa propia para eliminar beneficios en estos casos. Nuestra propuesta buscaba suprimir la función crítica, especialmente en momentos de estrechez fiscal, y el gobierno tuvo la opción de hacerlo y no lo hizo”.
“Hoy es necesario abordar este tema de manera seria, al igual que los altos sueldos en el Estado. La propuesta de un trabajo integral no llegó en este gobierno y le corresponderá al futuro. Por nuestra parte, estamos disponibles para abordarlo y esperamos que el próximo Ejecutivo tome en serio esta discusión”, señala la diputada Pérez.
Una postura más dura manifiesta Javiera Rodríguez, diputada electa del Partido Republicano.
“El PMG para las más altas autoridades debe eliminarse. Ministros y presidente ya tienen sueldos altos, no necesitan bonos adicionales financiados por todos los chilenos, menos un bono por hacer su trabajo: eso es un deber. Si hablamos de austeridad, partamos por cortar estos privilegios”, sostiene la diputada electa.
El diputado electo, Francisco Orrego (RN) coincide en la idea de eliminar el PMG y acota que “el presidente llegó con la promesa de bajar los sueldos y se va con los bolsillos llenos. De Gabriel Boric no podemos esperar nada. Su palabra no vale. Yo espero que el próximo parlamento elimine los PMG para altas autoridades”.
En esa línea, Orrego advierte que, una vez asuma en el nuevo Parlamento, emprenderá una serie de acciones a fin de fiscalizar el pago de los bonos.
“Vamos a fiscalizar a fondo, citaremos a la Dipres para que den la cara, iremos a la Contraloría para que dejen de usar el Estado como cajero automático y, en el Presupuesto 2026, pelearemos para que no se lleven ni un peso de incentivo si no hay resultados reales en seguridad y economía”, dice.
El diputado Roberto Arroyo (PSC) plantea que “dado que el bono recibido por el presidente Boric se otorgó en un momento de déficit estructural heredado y con recursos públicos escasos, su devolución es un acto de responsabilidad institucional y coherencia con los principios de austeridad”.
Eso sí, advierte que “la discusión no debe centrarse en suprimir el programa, sino en corregir sus desviaciones: garantizar transparencia, proporcionalidad y alineación real con resultados medibles”.
