Probablemente, nunca antes la discusión en torno a las finanzas fiscales haya estado tan en boga como en los últimos días. Tanto, que se ha vuelto un tema casi sexy y pareciera que todos tienen una opinión al respecto, aunque no se sepa mucho sobre “impuestos de primera categoría”, “repatriación de capitales” o “caja fiscal”. Sin embargo, si hay alguien que realmente sabe qué es lo que se discute, es Cristina Torres Delgado (40), actual directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián y quien, con solo 35 años de edad, ocupó el cargo de directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en el último año del segundo mandato de Sebastián Piñera.
Oriunda de Temuco, en donde se crio y luego se recibió de abogada, esta madre de dos niños pequeños no esconde que su gestión al mando de la Dipres fue el año más desafiante de su vida. “En realidad, los dos años —como subdirectora y directora— me cuesta separarlos, porque fueron como un día muy largo que nunca terminaba. Me tocó en un momento de mi vida en el que podía dar ese 500% que se requiere, no solo por el cargo, sino por el contexto. La pandemia exigía un compromiso enorme. Para mí fue espectacular, pero creo que no lo repetiría. Hoy las finanzas públicas necesitan otro perfil, y por suerte los equipos actuales son muy sólidos. Se necesita una mirada muy enfocada en recomponer la institucionalidad, sobre todo desde lo macro. Se está construyendo algo bueno”.
—Ustedes, en el Centro de Políticas Públicas USS, monitorean el programa fiscal, sus metas y cumplimientos. ¿Cuál es la evaluación de los últimos tres años del Gobierno de Boric?
“Desde la creación del Centro de Políticas Públicas en 2022 siempre estuvimos monitoreando la situación fiscal. Y del 2023 al 2025 fueron años de incumplimiento de las metas fiscales. Sin embargo, no nos sorprendió porque, si uno estaba atento, era posible prever que el resultado no sería bueno. Eso es lo más doloroso: saber que pudo haberse hecho mejor. Había señales tempranas. Se podrían haber hecho ajustes con más cuidado, especialmente en la estimación de ingresos fiscales”.
—Eso lleva a recordar la frase de la saliente directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quien dijo que no era un problema de gastos, sino de ingresos.
“No estoy de acuerdo con esa frase, pero entiendo a qué iba. En el fondo, la administración saliente reconoce que hicieron todos los esfuerzos que pudieron en materia de gastos. Lo que vimos acá es que sí era un problema de ingresos, pero no una sorpresa, ya que era parte de las propias proyecciones que hizo la administración saliente. Es cierto que el problema tiene que ver con ingresos, pero estimar cuánto va a entrar es responsabilidad de la autoridad en Teatinos 120. Entonces sí, igual fue un problema de gestión. No puedes decir que te sorprendió al final del período”.
—En su primera vocería el ministro Quiroz afirmó que, en la caja fiscal, al 31 de diciembre, sería de solo 40 millones de dólares, cuando lo esperable es que sea de alrededor de 3.000 a 4.000 millones de dólares. A su vez, el exministro Grau dijo que hay 800 millones de dólares. ¿Qué muestra esta disputa y cuánto dejó realmente el gobierno de Boric?
“Es interesante el tema, porque en finanzas públicas siempre distinguimos entre presupuesto y caja. A mí me parece fabuloso que comencemos a hablar de caja, porque es el otro rol de la Dipres. El presupuesto es una estimación de ingresos y gastos; la caja del Fisco es lo que efectivamente entra. Si sobreestimas ingresos, esos recursos no llegan a ser caja. Y si eso ocurre varios años seguidos, la caja se deteriora. Además, hay una programación de caja: hay que saber cuándo entra y sale el dinero. Chile es un país deficitario, por lo que en general se endeuda para cubrir faltantes. El problema es que, si no recaudas lo esperado y además no programas bien, terminas sin liquidez. El año 2025 cerró con 42 millones de dólares en la caja. Eso es un dato público. El problema de fondo no es cuánto se dejó, sino por qué los ingresos no se materializaron”.
—El análisis que ustedes hacen coincide con lo dicho por el Consejo Fiscal Autónomo, que apuntó a “errores reiterados y significativos” en la proyección de ingresos fiscales del Ministerio de Hacienda. ¿Dirías que hubo una decisión consciente de no cumplir con la regla fiscal?
“Me gustaría destacar el rol del Consejo Fiscal. Estamos en un momento en que la institucionalidad fiscal se daña producto de sucesivos incumplimientos. Y el CFA es parte de una institucionalidad que debemos cuidar. Respecto a los errores, hay consenso técnico en que el principal problema fue la sobreestimación de ingresos. Parte puede ser por errores técnicos, pero también creo que hubo una decisión de sobreestimar ese componente, porque si sobreestimas los ingresos eso te permite ampliar el gasto. No puede ser que, al final del último año, la administración saliente se muestre sorprendida. Eso disgusta mucho. Por eso creo que el CFA ha sido tan duro: ellos lo advirtieron en informes anteriores diciendo que estábamos en una situación de estrés fiscal”.
—¿Cómo se revierte esta situación y se recupera la solidez fiscal?
“Soy optimista respecto a nuestras instituciones, y creo que quienes hemos pasado por el Estado tenemos que tener esa impronta. Cuando hablamos de recuperar la institucionalidad fiscal es súper importante saber que tenemos instituciones sólidas. El desafío es cumplir las reglas y creer en ellas, y también cumplir los objetivos que se impone el Gobierno, sea el que sea. Quizás el problema fue que la administración saliente se impuso compromisos que sabía que no iba a cumplir”.
—¿Cómo evalúas las medidas económicas anunciadas por el gobierno en el llamado “Plan de Reconstrucción Nacional”?
“Van en la dirección correcta. La idea de reconstrucción es potente, ya que tiene una lectura épica y eso es algo que se necesita en un contexto de instalación del Gobierno. Este relato de reconstrucción conecta con la ciudadanía, especialmente con quienes han sufrido pérdidas y con sectores rezagados que han perdido mecanismos de mejorar su propia economía. Por otro lado, el desafío es doble: responder a la ciudadanía y, al mismo tiempo, dar certezas a la inversión. Hay que transmitir que en Chile las reglas son claras y se cumplen, y que no vamos a crear reglas nuevas ni más trabas”.
—Desde la oposición y el mundo sindical se cuestiona que, dentro de las medidas anunciadas para el plan de reconstrucción, hay algunas que no tienen nada que ver con lo sucedido en el sur. ¿No hace ruido que se mezclen acciones específicas con otras más generales?
“Vamos a ver cómo el Ejecutivo enfrenta la técnica legislativa, presentando una sola gran ley o un paquete que está enfoca do en reconstruir más allá de lo que pasó en el sur. Las políticas públicas requieren no solo una mirada técnica, sino también política, teniendo conversaciones con el mundo parlamentario, con los trabajadores, con los industriales. Si quieres sacar buenas políticas públicas no solo puedes ponderar los aspectos técnicos, sino que hay que hablarle a la ciudadanía para explicarles por qué se están haciendo las cosas”.
—Desde el Centro de Políticas Públicas USS buscan proponer soluciones que aseguren la sostenibilidad de las políticas públicas sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones. ¿Las medidas propuestas podrían tener efecto en el corto plazo sin afectar beneficios sociales?
“El desafío es no generar ingresos puntuales en el corto plazo a costa de generar un problema que sea pan para hoy y hambre para mañana. Últimamente ponemos mucha atención en la inmediatez y en los resultados. Por eso ha sido tan difícil avanzar en reformas de largo plazo. Ya sea una reforma educacional o el propio debate sobre la reforma previsional, cuyos resultados se verán mucho más adelante. Cuando hablamos de crecimiento económico, justamente se trata de eso: de cómo estas medidas contribuyen a dejar al país en condiciones de retomar su vocación de crecimiento. Por lo que se conoce hasta ahora, creo que todo apunta en esa dirección. Y tengo esperanza de que así sea porque, si al gobierno le va bien, nos va bien a todos. Uno espera que sean medidas sostenibles, aunque no veamos resultados inmediatos. Tal vez en cuatro años, o en ocho, veremos los frutos. Eso hablaría de buenas políticas públicas.
—Dentro de las 40 medidas anunciadas por el Gobierno está la reducción del impuesto corporativo de un 27% a 23%. ¿Crees que una medida así realmente puede tener un impacto en el empleo y la producción?
“La disminución del impuesto corporativo innegablemente va a llevar a recaudar más. Hoy lo importante es ponderar que puede tener un efecto inmediato de menores ingresos y por eso mismo se está compensando con esfuerzos para disminuir los gastos. Dada la estrechez que existe en las arcas fiscales hay que buscar mecanismos para compensar esos menores ingresos, y están las bases para eso. La necesidad de hacer un ajuste fiscal está incorporada, de ahí la magnitud de la medida. Lo más importante es que el tema de las finanzas públicas tome protagonismo porque la ciudadanía entiende que tener una mala política fiscal nos termina perjudicando a todos”.
—Desde hace mucho tiempo que ese tema no estaba en boga.
“Yo me acuerdo que antes se decía que pagaba Moya. Ahora entendimos que no paga Moya, sino que pagamos nosotros. El mayor contribuyente en Chile no es el cobre, no es el litio ni las grandes empresas. Somos nosotros los individuos, ya que la mayor recaudación viene por el IVA, que lo pagamos todos sin diferencia alguna. Después viene la renta y las grandes mineras, pero el mayor contribuyente somos nosotros sin distinguir nuestro respaldo patrimonial. Y obviamente, si el sueldo de Chile lo pagamos nosotros mismos, queremos saber cómo se está gastando la plata”.
—¿Incentivar la rebaja del impuesto de herencia y donaciones (una medida que debiera levantar caja de manera relevante y rápida), no afecta la recaudación futura?
“Tanto las donaciones como la repatriación de capitales son dos medidas que justamente tienen como objetivo una recaudación rápida. Hemos tenido medidas así en el pasado que no han tenido el efecto esperado, por lo que habría que ver cuál va a ser el diseño para que sea realmente atractivo. Respecto de donaciones, hay poca información, pero va a ser importante ver la profundidad del incentivo y cuánto va a motivar que se adelanten transacciones que quizás se habrían hecho en el futuro. Yo creo que esa medida puede tener un efecto en caja súper relevante”.
—¿Es posible recuperar el empleo formal a niveles prepandémicos, cuando en muchos aspectos la naturaleza del empleo ha cambiado? Hoy el impacto de la IA ya se está sintiendo.
“En Chile no ha sido prioridad el empleo en el último tiempo. No ha habido ninguna política pública proempleo a largo plazo. Hubo ayudas en la pandemia y beneficios para ponderar de mejor forma lo laboral con la vida familiar, la flexibilidad, pero apuntar al empleo no ha sido prioridad. En ese sentido, el gran desafío de esta administración es efectivamente buscar mecanismos para entender qué está ocurriendo con el mercado laboral. Eso va de la mano con la formación de capital humano, qué pasa en los centros de formación técnica, qué sectores productivos son los que aportan más al país y así ver dónde se ponen los esfuerzos. En Chile no nos hemos puesto como bandera ver qué pasa con el empleo y en qué tipo de país nos queremos convertir”.
—Sobre las medidas que buscan controlar el gasto fiscal como los límites a la gratuidad universitaria o el fortalecimiento de los mecanismos del cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE), ya hay bastante rechazo. ¿Crees que podrán aprobarse en el Congreso?
“Cualquier discusión que tenga un atisbo de pérdida de beneficios sin dudas es un remezón en el mundo político. Incluso para parlamentarios oficialistas es complicado discutir eso. Pero la razón por la que se abren estos temas es un poco por los abusos. Hoy la gratuidad universitaria ejecuta más de 2.500 millones de dólares en el presupuesto nacional, y cualquier beneficiario que no corresponda que reciba ese programa es alguien que está abusando del sistema. Respecto de la gratuidad, primero se dice que hay que mirar el instrumento, por lo que no hay perdida de beneficios para nadie. En ese sentido creo que hay viabilidad en el parlamento. Respecto del CAE sucede exactamente lo mismo, porque en la medida que anuncias como política pública que lo vas a condonar o eliminar, evidentemente hay un desincentivo al pago. Nuevamente, estamos apuntando a mejorar las formas para perseguir a los deudores morosos. Si nos deben plata, queremos que nos paguen. Esto es lo mismo”.
—Otro tema a debatir es el fin de las contribuciones para la primera vivienda de las personas mayores de 65 años. La medida ha generado debate por lo el impacto que esto tendría sobre las arcas municipales, ya que el impuesto territorial representa cerca del 54% de los recursos que alimentan el Fondo Común Municipal. ¿Cómo se va a paliar el efecto de dejar de recibir casi 800 mil millones de pesos?
“Hay tres miradas. La primera es la de esos contribuyentes y lo que implica sobre todo para adultos mayores que han vivido siempre en sus mismas casas y que ya no pueden seguir solventando vivir ahí. La segunda es desde el diseño del impuesto, que por algo existe y va creciendo para ser eficiente con el uso de la tierra. Y la tercera, es el punto de vista de las municipalidades. Este impuesto contribuye al financiamiento de servicios públicos y lamentablemente hoy nos encontramos en una situación fiscal en la que no hay margen para compensar esa menor recaudación. Efectivamente, la eliminación de las contribuciones amerita una discusión de diseño de política tributaria para ver cómo compensar, porque las municipalidades van a seguir requiriendo ese financiamiento para prestar servicios… aunque no es que vayan a cerrar sus programas o apagar las luminarias”.
