La senadora Karol Cariola (PC) volvió al centro de la controversia pública tras la difusión de antecedentes del denominado caso Chinamart, en el que se investigan eventuales gestiones realizadas ante la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en favor del empresario chino Bo Yang, conocido como Emilio Yang.
Según un reportaje de Mega Investiga, el caso se sustenta en un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que incluye mensajes de WhatsApp recuperados desde el teléfono de Hassler mediante pericias forenses. En ellos, Cariola se refería a Yang como un “amigo” en el contexto de gestiones relacionadas con el local comercial Chinamart.
En paralelo, también se dio a conocer la declaración de la parlamentaria como imputada, realizada el pasado 2 de diciembre ante la Fiscalía Regional de Coquimbo, instancia en la que abordó tanto su vínculo con el empresario como las gestiones realizadas.
Frente a estos antecedentes, Cariola negó categóricamente la existencia de un delito y cuestionó la interpretación de los hechos. “El informe de la PDI que se ha filtrado ilegalmente por algunos medios, en ninguna parte establece que las pruebas acrediten el delito de un eventual tráfico de influencias”, afirmó.
La senadora enfatizó además su disposición a colaborar con la investigación: “He colaborado en todo momento con la investigación y he actuado con total transparencia. Presté declaración de manera voluntaria, respondí íntegramente a todas las preguntas y, además, levanté voluntariamente el secreto de mis cuentas bancarias”.
En esa línea, agregó que “tomé esa decisión porque no tengo nada que ocultar. Mi único interés es que todo se esclarezca y que esta situación, marcada por afirmaciones falsas e injurias, llegue a su fin, considerando el daño injusto que se me ha causado”.
Asimismo, la parlamentaria criticó la cobertura mediática del caso, señalando que “lamento que la información falsa difundida por Mega, que posteriormente debió ser corregida, siga siendo utilizada como principal herramienta de ataque en redes sociales”.
Por su parte, su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, respaldó la postura de la senadora, asegurando que el informe policial no contiene pruebas que configuren delito. “Lo único que hace (el informe de la PDI) es confirmar que ella abrió voluntariamente sus cuentas, declaró voluntariamente durante largas horas y respondió a todas las preguntas de la Fiscalía”, sostuvo.
El defensor también descartó que las acciones mencionadas en el informe correspondan a decisiones administrativas relevantes. “De manera alguna, la diputada Cariola u otros funcionarios públicos intervinieron de una manera que pudiera ser estimada como configurativa de un delito”, concluyó.
La investigación continúa en curso bajo la supervisión del Ministerio Público, en medio de un creciente debate público sobre la veracidad de las filtraciones y el alcance de las gestiones realizadas.
