La muerte de un niño de 12 años tras ser arrastrado en el vehículo que un grupo de delincuentes robó a su familia en San Bernardo, reabrió el debate sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden público.
A raíz del fallecimiento del niño, en el que aún no hay detenidos, el alcalde de la comuna, Christopher White (PS), pidió la intervención de militares en tareas de copamiento ante la el déficit de policías. A su vez, el excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, planteó en conversación con radio ADN que “si hubiéramos estado en el gobierno no lo habríamos dudado, si lo pide un alcalde, independiente del color político, claramente estaríamos dispuestos a apoyar una intervención de Estado de Excepción Constitucional”.
Por otra parte, la jefa de bancada de Renovación Nacional, María José Gatica, aseveró que “un niño de 12 años no puede perder la vida a manos de delincuentes” y pidió al Ejecutivo apoyar un proyecto de ley de su autoría para permitir a los militares realizar controles de identidad preventivos.
La petición de White, quien ha sido promotor de la idea bajo este Gobierno y el anterior ante la delincuencia en la comuna que dirige, no ha tenido eco en el presidente José Antonio Kast. “Yo no soy partidario de que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. No están preparadas, no tienen la instrucción hoy día. Puede ser acotadamente, como tenemos un despliegue del doble de fuerza militar en el norte precisamente para evitar el crimen organizado”, fue la respuesta de Kast cuando el jefe comunal de San Bernardo le planteó esta inquietud a inicios de este mes en el Encuentro Nacional de Alcaldes en La Serena.
En qué están los proyectos que permitirían el despliegue de las FF.AA. y cual es la postura de Kast
Dos de los proyectos que normarían la intervención de las Fuerzas Armadas fueron ampliamente discutidos durante la administración anterior y a la fecha continúan su tramitación en el Congreso. Se trata de la iniciativa que les permite proteger infraestructura crítica y la que establece Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).
En el caso del proyecto de infraestructura crítica se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado y el pasado 2 de junio el Ejecutivo le otorgó urgencia simple. Las RUF, por otra parte, llevan un trecho más avanzado al estar en su tercer trámite constitucional y a la espera de la designación o actualización de los integrantes de la Comisión Mixta.
La discusión estuvo marcada por las críticas transversales a la RUF, ya que mientras desde el oficialismo instaron a encausar la persecución criminal con respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales, mientras que la oposición considera que la propuesta es aún débil y que deben consagrase más resguardos para las policías y las FF.AA.
Pese a que en su cuenta pública, el presidente Kast no mencionó estos dos proyectos, en el Plan Desafío 90, que elaboró Bernardo Fontaine para delinear la hoja de ruta de la actual administración, se propone dentro de los primeros 90 días “corregir Reglas de Uso de la Fuerza para respaldar el actuar de Carabineros y eliminar el proyecto de ley que está en el Congreso”.
El mismo plan propone “corregir y/o acelerar en el Congreso el proyecto de ley Infraestructura Crítica” y adicionalmente presentar un proyecto o corregir el existente para “encontrar mecanismos de respaldo judicial de uso legítimo de la fuerza por parte de funcionarios de las FF.AA. y de Orden y Seguridad en actos de servicio (justicia militar)”.
