Una presentación en el portal Change.org realizó un colectivo argentino para el Internet libre luego de que el gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Sergio Urribarri, diera luz verde a un proyecto que busca restringir el uso de las redes sociales tras la ola de saqueos que afectó a dicha provincia y que dejaron dos muertos.
“Queremos transmitir nuestro total rechazo al proyecto. Su aprobación es un ataque claro a la libertad de expresión de los ciudadanos de la Provincia de Entre Ríos. Cualquier bloqueo de contenidos en Internet o de aquellas plataformas que utilizan los ciudadanos para comunicarse, organizarse y expresar sus ideas en libertad es, lisa y llanamente, un acto de censura previa, general, injustificada e ilegal conforme al artículo 14 de nuestra Constitución Nacional y los diversos acuerdos internacionales con rango constitucional, como la Convención Americana de Derechos Humanos”, argumenta el colectivo.
El proyecto es impulsado por el legislador provincial Rubén Oscar Almará, quien justificó la iniciativa al argumentar que a través de las redes sociales se podría “voltear” a un gobierno constitucional, y que su uso puede entrañar riesgos en un clima de “conmoción social”.
Ayer la iniciativa avanzó, al obtener media sanción en la Cámara de Diputados de Entre Ríos y desde el gobierno provincial ya se pronunció a favor el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.
El proyecto solicita al Estado provincial que inste a “bloquear comentarios, expresiones e información de carácter delictivo que fomenten la apología del delito y la violencia, que lesionen la paz ciudadana, que promuevan el odio y la intolerancia, generen zozobra o desconozcan las autoridades legalmente constituidas”.
Al respecto, los firmantes señalan que “nos preguntamos: ¿quién define que una expresión es de carácter delictivo? ¿quién dice cuándo y cómo se “lesiona” la paz ciudadana? ¿qué significa una expresión que desconozca a las autoridades legalmente constituidas? Las definiciones del proyecto son lo suficientemente amplias y ambiguas para que sea el Estado Provincial quien decida cuándo, dónde y cómo está justificado amordazar Internet, es decir, a los habitantes de la Provincia. Eso es, a nuestro criterio, el verdadero ataque a nuestra democracia”.
