La solicitud fue hecha por los fiscales Manuel Guerra y Pablo Norambuena previo al cierre de la investigación del financiamiento de campañas políticas y a la emisión de facturas ideológicamente falsas.
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Los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín están siendo investigados por presuntos delitos tributarios (en el contexto del financiamiento irregular de la política), además de soborno.
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En el libro, su autor, Carlos Tromben, recorre de manera simple, pero no por eso menos profunda, la historia económica reciente de nuestro país. Los actores se repiten: el grupo Penta, el “mentor” de estos, Manuel Cruzat, y cómo fueron avanzando como grupos empresariales. Asimismo, se tratan tanto los vaivenes de la economía en los '80s, así como el ex candidato presidencial, Hernán Büchi, se transforma en una suerte de “héroe”. El texto se lanza este jueves 23 de junio y éste además, de manera tragicómica, se plantea cómo el ciudadano común, presentado como “Moya”, sufre los embates de la economía sin tener ni arte ni parte, mientras sufre todas las consecuencias.
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Los protagonistas del episodio que destapó el estrecho, y poco regulado,vínculo entre política y empresas decidieron avanzar con sus vidas y con ello retomar uno de sus fuertes: los negocios.
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El perjuicio al fisco, de acuerdo cifró el Servicio de Impuestos Internos (SII) se alzaría por los 97 millones de pesos.
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El caso de Jovino Novoa, quien se negó a declarar hasta el último minuto, plantea un cálculo bajo el cual los ejecutivos y ex gerentes del holding podrían eventualmente evitar un juicio oral.
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Y es que Sociedad de Inversiones del Pacífico causó "anomalías tributarias por poco más de 97 millones de pesos", mientras a Délano y Lavín se les imputa en un perjuicio fiscal que supera los 22 millones de pesos en esta arista.
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La formalización de los controladores ha afectado notoriamente al holding, el que podría llegar a su fin en los próximos meses.
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Los controladores del grupo y el ex subsecretario de Minería quedaron con arraigo nacional y firma quincenal.
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Así lo ratificó el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que rechazó la solicitud de la defensa de los imputados para rebajar la medida precautoria por una menos gravosa, como la firma mensual y el arraigo nacional.
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