Se registró una baja en la pobreza, pero un empeoramiento en la distribución de los ingresos.
Redacción EL DÍNAMO
La licitación será por la suma total de $ 2.055.000.000.
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El estudio también analizó cuáles son los grupos más afectados por la pérdida de subsidios, mostrando que los adultos mayores y pueblos originarios son los más golpeados.
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Pese a que en los últimos años ha aumentado la participación de la mujer en el trabajo, las brechas continúan en la mayoría de las áreas.
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Entonces, si ni siquiera se conoce oficialmente en qué situación están los inmigrantes en Chile, lejos estamos de diseñar e implementar acciones para mejorar su situación. Esta larga omisión, expresa el desinterés y la indiferencia con la que nuestro país ha tratado este tema, que ahora se vuelve parte de la agenda país.
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La más relevante mostró casi dos horas más dura la jornada de los trabajadores extranjeros en el país versus la que desarrollan los chilenos.
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Según Barraza, "su espíritu de superación es muy acentuado, muy marcado; vienen, diría yo, con tres objetivos: por un lado, tener un mejor pasar y mejor calidad de vida en términos de movilidad social, ahorrar dinero para emprender algo en estas tierras y también ahorrar dinero para enviar a sus familias en su respectivo país".
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El sondeo reveló que el 56,9% de los extranjeros que se han normalizado en nuestro país pertenece a hogares de ingresos superiores. Principalmente del IV y V quintil. El tema es distinto respecto de la pobreza multidimensional de los extranjeros, que alcanza un 23% y supera a la de los chilenos que se alza a 20%,
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El despliegue de los servicios públicos y el diseño de programas sociales debe incorporar las particularidades territoriales, construirse conjuntamente con actores involucrados en los distintos niveles territoriales y ser flexible para ser adaptado a la realidad de cada territorio.
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Sin duda, la construcción de más viviendas sociales con el propósito de generar integración es una buena noticia, sin embargo, no resulta ser tan positivo para todas las familias que la requieren, ya que si bien incorporan a familias vulnerables, es en porcentajes menores (20%) y además son las empresas privadas las que los seleccionan e inscriben en SERVIU, lo que hace que sea altamente probable que los que han esperado por años y que necesitan de una vivienda con mayor prioridad queden una vez más fuera, cuestión que pone en tela de juicio el rol garante del Estado.
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