El equipo de fiscales que lidera José Luis Pérez Calaf busca, además, que cancele una multa del 10% del perjuicio total ocasionado, estimado en $524 millones de pesos.
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El Ministerio Público solicita una pena de siete años de cárcel, una multa de 102 millones de pesos, la inhabilitación para ocupar puestos públicos y la prohibición a perpetuidad para ejercer derechos políticos.
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Junto con ello, exigieron una multa del 10% del perjurio total ocasionado (el cual supera los 524 millones de pesos), a cinco años y un día de inhabilitación para cargos o empleos públicos y la prohibición absoluta perpetua de derechos políticos.
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Para Sabat, "a lo mejor cuando diga 'no soy candidato' se acaba todo esto, pero personalmente creo que ha sido una injusticia tremenda".
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El persecutor asumirá un rol clave en la preparación del juicio oral, que se llevará a cabo a principio de junio.
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La Fiscalía cerró el caso y se apresta para acusar a 18 imputados. Fernando León, otrora gerente de la empresa, costeará este programa, que beneficiará a 2 mil 500 hogares de Maipú.
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En votación dividida, el tribunal de alzada capitalino determinó que el Ministerio Público debe continuar en la indagatoria contra el ex alcalde de Ñuñoa.
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Lo que no alcanzó a presentar el fiscal José Luis Pérez Calaf, jefe regional occidente, fue una solicitud de ampliación de plazo. Los intervinientes deberán ser citados por el tribunal.
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Esto ocurrió en plena audiencia en que la Fiscalía iba a precisar los cargos en contra del otrora jefe comunal.
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El ex edil dijo que en el año 2012, Castillo intentó sobornarlo con el objetivo de favorecer a la empresa Dimensión en la licitación de la basura, a lo que el aludido se defiende.
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