“Todo ello ha generado una enorme preocupación por la capacidad del sistema para responder a las crecientes necesidades del país en esta materia”, dijo el ministro Jorge Bunster.
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"Lo que sucede, es que ahora el tema está en el tapete público, por eso, la discusión se debe hacer en realidad pensando en que beneficia a todos, que busca el desarrollo y garantizar que Chile puede entregar mejores posibilidades, de eso se trata", precisó Lorenzo Constans
UPI
“La ministra Benítez se ha puesto al margen de la legalidad y ha vulnerado normas expresas y se ha entrometido en funciones que son de competencia de la Corte Suprema y frente a ello creemos que procede solicitarle la renuncia", dijo el PS, Alfonso de Urresti.
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En las redes sociales el tema de Castilla y el fallo de la Corte Suprema que impedirá su ejecución es seguido con atención. Es por eso que uno de los temas más comentados de esta jornada fue el anuncio del Presidente, que en distintos sectores se interpretó como un gesto a los inversionistas.
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La decisión de la Corte Suprema de frenar Castilla, obligando a sus impulsores a presentar un proyecto ambiental que abarque el puerto y la termoeléctrica, según los detractores de HidroAysén abre una nueva oportunidad para generar nuevos recursos de protección contra el proyecto.
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A las 10 y media de la mañana, la Comisión de Evaluación Ambiental de la III región, aprobó el proyecto termoeléctrico Castilla, del millonario brasileño Eike Batista. Desde ayer existían rumores de que el organismo se iba a pronunciar favorablemente a la inversión de US$4.400 millones, que tendrá una capacidad de generación de 2.354 MW.
Francisco Valenzuela Huerta
En el momento en que el Seremi de Salud de Atacama, Nicolás Baeza, cambió la calificación del proyecto Central Castilla de “contaminante” a “molesta”, inmediatamente los diversos grupos opositores al proyecto se pronunciaron para evitar que la iniciativa del millonario brasileño Eike Batista, de US$4.400 millones, se materialice.
La empresa MPX, a cargo del proyecto, emitió un comunicado oficial donde declara que “este pronunciamiento
Francisco Valenzuela Huerta
El 1 de octubre de 2010, con la creación de la nueva institucionalidad ambiental, dejó de existir la Conama y sus correspondientes reparticiones regionales –Corema-, quienes hasta entonces eran las encargadas de evaluar ambientalmente los proyectos. Posteriores a esa fecha, sin embargo, se dieron por aprobados 40 proyectos a lo largo de todo Chile, en base a los ya inexistentes órganos de calificación.
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Fue una reunión de cerca de dos horas donde cada uno de los que fueron invitados a hablar, lo hicieron con su verdad única. Una opinión distinta no existía. A favor o en contra, el cierre de la reunión estaba zanjado. La Corema de Atacama no pudo votar el proyecto porque existía un pronunciamiento legal en curso.
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