Ante el Juzgado de Garantía, el Ministerio Pùblico argumentará que el caso abierto en 2012 sobre el supuesto pago de sobresueldos en el municipio de Concepciòn mientras la senadora UDI era alcaldesa, debe cerrarse. Pero el CDE se niega a esta opciòn y quiere que se siga investigando.
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El CDE solicitó a Bienes Nacionales que proporcione antecedentes adicionales respecto de las 134 transferencias gratuitas de propiedades fiscales a CEMA Chile, cuyas ventas le han reportado ganancias por 6.300 millones a Lucía Hiriart.
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Orpis hizo precisamente eso: se disfrazó de lo legal, para así ponerlo al servicio de las necesidades de sus jefecitos. Vistió lo que le ordenaban con ropas lo suficientemente creíbles para que lucieran ante sus colegas como sus opiniones, como lo que él quería para Chile.
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De este modo, la cuestionada empresa se arriesga a multas e incluso a una eventual disolución si se confirma el ilícito.
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El escrito va dirigido en contra de Inversiones y Asesorías Challico y Administración Santa Sarella, a través de las cuales se le pagó al ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, Iván Álvarez, actualmente condenado a cinco años de libertad vigilada en el caso fraude al FUT, origen de las investigaciones de presunto financiamiento irregular de la política.
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Según el documento de Hacienda, se pide "evaluar el mérito de tales hechos en cuanto su posible impacto en la economía nacional u algún otro perjuicio en contra del interés fiscal que pudiese surgir del estudio solicitado".
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La querella del CDE también incluye a Francisco Mujica, ex gerente de la empresa que controla el grupo Angelini, quien es acusado de soborno.
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Mientras el jefe comunal de Maipú es acusado de esconder el origen de recursos obtenidos a través de cohecho, el alcalde de Cerro Navia habría usado dineros municipales para su beneficio personal.
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La acción judicial presentada por el CDE buscaba que la sucesión de Luis Fernando Mackenna –su viuda y ocho hijos– se hiciera cargo del pago de la multa aplicada el 21 de noviembre de 1997, por la SVS, la que fue ratificada por la Corte Suprema el 7 de julio de 2005, poco más de tres meses después del fallecimiento del ex ejecutivo.
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El senador acusa persecución política en su contra y de estar pagando "el costo de ser independiente".
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