Mediante una declaración pública, asegura que es la estatal quien no ha respetado el contrato de 2002, al intentar ejercer prematuramente la opción y al impedir a Anglo American hacer uso de sus derechos de acuerdo con el contrato.
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Lo que espera la cuprífera estatal es que la minera británica sea condenada, además del traspaso de acciones, a pagar todos los perjuicios ocasionados por sus incumplimientos del contrato.
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El alto ejecutivo descartó que el conflicto llegue a la justicia internacional, señalando que "el contrato establece claramente que cualquier disputa se va a dirimir en los tribunales chilenos".
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"Hemos ejercido el derecho por el 49 por ciento... a lo mejor se puede encontrar una fórmula pero siempre que respete el valor del 49 por ciento", sostuvo el presidente del directorio, Gerardo Jofré.
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La opción de compra de la estatal chilena, que es la mayor productora mundial de cobre, es de antigua data y puede ser ejercida, afirman, en el mes de enero cada dos años hasta el 2029.
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Desde la estatal es casi un hecho que ejercerán su opción de compra por el 49% de AAS, tomando además acciones judiciales para que Anglo cumpla con el contrato y transfiera las acciones restantes.
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En ese marco, de acuerdo a la resolución extendida por el tribunal, el jurista no logró acreditar la representación legal de la firma japonesa.
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Considerando sólo a las empresas privadas, el aporte por royalty al Estado es de US$ 636,8 millones. En general, las cifras reflejan un aumento del 62,4% frente a igual período de 2010.
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La cuprífera estatal señaló que la acción judicial presentada por la minera anglosudafricana estaba dentro de lo previsible.
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El abogado Carlos Ducci aclaró ante tribunales que no representa a la firma japonesa ni a su filial MC Resource Development Ltda.
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