Esta semana la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo (ACOT) sufrió dos traspiés en la Cámara de Diputados. El primero, una derrota: la reforma constitucional que ampliaba a 30 días el plazo de detención para expulsiones administrativas -prorrogable- no alcanzó el quórum. El segundo, una victoria a medias: la “ley antibarricadas 2.0” fue aprobada, pero con una indicación que, según el propio oficialismo, la deja “impracticable”. Dos resultados distintos, una misma causa: al Ejecutivo le falló la organización, no las ideas.
Empecemos por los números. La reforma de expulsión obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, uno menos de los 89 requeridos. Faltó exactamente un voto. Y ese voto, literalmente, voló a Nueva York con el Presidente Kast en la Asamblea General de la ONU. A eso se sumaron seis diputados del Partido de la Gente que se sumaron a la abstención en vez de aprobar. El resultado no fue un rechazo ideológico: fue un problema de agenda y de una sala que no fue debidamente preparada para un quórum que se sabía exigente.
La ley antibarricadas 2.0 corrió mejor suerte en los números generales -89 votos a favor- pero fue igualmente golpeada. Una indicación que exime de responsabilidad penal a quien invoque el derecho a reunión, huelga o protesta pacífica, se aprobó por 72 votos contra 61, con el respaldo decisivo del Partido de la Gente y el Partido Nacional Libertario. El oficialismo la calificó de entrada como una desnaturalización del proyecto: crea una zona gris que obliga a Carabineros a distinguir, en el momento mismo de actuar, entre una obstrucción sancionable y una manifestación amparada por la excepción. Es decir, precisamente la ambigüedad que la ley buscaba eliminar. Que esa indicación fuera aprobada con votos de partidos que en general acompañan la agenda de seguridad del Gobierno no es un dato menor: revela que tampoco ahí hubo una coordinación de bancada capaz de anticipar y descartar la propuesta antes de que llegara a votación.
El patrón es evidente. No se trata de que la ciudadanía, el Congreso o siquiera los aliados del oficialismo hayan cambiado de opinión sobre la necesidad de una agenda de seguridad más dura. Se trata de que el Ejecutivo puso en tabla dos proyectos exigentes en votos en la misma semana en que buena parte de su bancada y líderes políticos estaba, literalmente, en otro continente. Legislar no es solo tener la razón ni tener los votos en el papel: es contarlos, cuidarlos y estar físicamente presente para que se traduzcan en resultados. Un Gobierno puede tener la convicción más firme sobre el crimen organizado y perder igual, si no muestra coordinación.
Kast fue a Nueva York a presentar a Chile como un país que “ordena la casa” en seguridad. Esa misma semana, su propia casa legislativa se mostró desordenada. La lección no es que haya que elegir entre la ONU y el Congreso: es que ambos calendarios se coordinan, o se paga el precio en la Sala.
