En Chile los que tienen el poder económico, como también los poderes políticos y religiosos, recordemos que Nicolás Ibáñez es un devoto de Los Legionarios de Cristo, son particularmente arbitrarios y discrecionales en sus decisiones porque saben que aquí reina la impunidad más absoluta.
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Pudiera uno pensar que en un supermercado confluye el bien de todos: ofrecen todos los productores, en igualdad de condiciones y los clientes pueden optar por el precio y la calidad más conveniente, sin temor a un engaño, porque los productos y los precios están a la vista. Pero sería un error. Porque en nuestro país, lo productos no guardan relación en su precio respecto al costo más una razonable ganancia. No.
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A través de una carta enviada a La Tercera, el presidente de la juventud UDI intentó explicar por qué en Chile ocurren estos casos.
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San Román indicó que este nueva medida irá en beneficio de los adultos mayores de Tocopilla, ya que "son ellos quienes nos inspiran y motivan para realizar este tipo acciones. Porque sabemos que reciben pensiones muy bajas, producto de este sistema de AFP nefasto que hay en el país".
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A través de un oficio señalaron que el proyecto del Gobierno no asegura las condiciones mínimas para desarrollar una efectiva persecución penal de los carteles.
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"¿No ir a un supermercado o no comprar un producto coludido cambiará la lógica en la que vivimos hace más de tres décadas? Me parece que no".
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"Nosotros tenemos una profunda valoración del aporte que los empresarios hacen al país, pero eso no significa que haya manga ancha para hacer cosas de esta naturaleza, que terminan metiéndole la mano al bolsillo a la gente", declaró
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No han sido días tranquilos para el autor de "La Tiranía de la Igualdad", ya que tras su disputa con Mario Waissbluth, ahora enfrenta cuestionamientos porque el ex dueño de Lider es el principal financista de su fundación.
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Con esto se suma a Cencosud, que en el trascurso de la jornada también descartó "de plano haberse coludido con su competencia", agregando que "se defenderá enérgicamente para demostrar su inocencia".
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Según determinó la Corte Suprema, los miembros de la asociación que agrupaba a 25 de los 26 profesionales de la zona determinaron un arancel mínimo de 25.000 pesos por consulta a sus pacientes.
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