El organismo recordó que ya el 2012 había dejado en claro que Olate "no cumplía con los requisitos para ser imponente de Dipreca", por lo que se instruye que "esa servidora se vaya a una AFP".
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"Dejaremos de manifiesto algo que es discordante con el rol que ejerce la Contraloría y con su anunciado deseo de atacar las lacras municipales".
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Así, se espera que a más tardar el viernes 19 de agosto, se conozca una postura final sobre la situación de Pey, luego que el ministro del Interior, Mario Fernández, firmara el decreto de remoción.
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El abogado Hernán Fonseca profundizó en sus dichos y planteó que fue el mismo Contralor quién le pidió que saliera del cargo el lunes a medio día. “(El Contralor) me dijo que era por este tema (pensiones), que había perdido la confianza ¿Por qué? No lo sé. Es injusto que se me haya sacado por esto, yo hace 37 años que trabajaba en la Contraloría, nunca con ningún problema; ocupé cargos de jefatura por un período de entre 15 y 20 años”, manifestó.
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El diputado además insiste en que Jaime Rojas no puede asumir el cargo, y advierte: “Si efectivamente lo mantienen, nosotros en la comisión investigadora no sólo pediremos su renuncia, sino que entregaremos los antecedentes al Ministerio Público para que investigue un posible fraude fiscal”.
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La revisión del ente administrativo solicitó además que se justificara la labor de funcionarios a honorarios.
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Nos llamó la atención que en el proceso de investigación, tanto el Subsecretario del Minvu como el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama, emitieron informes equivocados para favorecer al titular de la edificación ya construida, la que sufrió una inundación a fines de marzo del año pasado con motivo del aguacero que provocó, entre otras desgracias, el desborde del río Copiapó.
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Desde 2014 a la fecha, cerca de 200 funcionarios de Gendarmería han recibido pensiones por sobre el tope legal.
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Otros dirigentes empresariales aducen que si se invalidan las resoluciones ilegales, se afecta directamente la inversión extranjera, cuco que podría producir efecto debido al menor crecimiento económico que tiene el país y por ello el gobierno tiene que decidir si promueve la inversión aunque sea con trampas o si se respeta el Estado de Derecho. Y esta es la disyuntiva.
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Myriam Berríos precisa que trabajó cerca de 25 años en Gendarmería, y asegura que el monto qu recibe “es la que corresponde en derecho”.
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