El ex director del organismo de inteligencia, junto a los otros acusados, fueron procesados el pasado 30 de octubre en España por el juez Pablo Ruz, que les imputa los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal.
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Coincidiendo con un nuevo aniversario de la muerte del dictador, el magistrado que siguió 90 casos de violaciones a los Derechos Humanos y falló en 44 de esos procesos, dijo que los testimonios de Manuel Contreras confirman un contacto directo y diario con Pinochet.
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Los ex agentes de la DINA, según la resolución del juez especial Alejandro Solís, están imputados como autores de homicidios y secuestros calificados (desapariciones) de una veintena de opositores a la dictadura en los primeros meses de 1975 en 'Villa Grimaldi'.
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La decisión fue tomada por el juez Pablo Ruz, quien además dictó órdenes internacionales de detención para su ingreso en prisión a todos ellos.
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La información figura en 1.500 escritos que la DINA y otros organismos represivos entregaron en 1974 a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y no provienen de archivos o instituciones de acceso público.
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La revelación fue hecha por el periodista Federico Willoughby, quien asegura que el jefe de la desaparecida DINA "fue a entrenamiento a la sede central de ese organismo en Virginia (EE.UU.)"
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Como una "campañita de extrema izquierda" calificó el diputado RN y ex subsecretario del Interior entre los años 1984 y 1988, las versiones que lo vinculan operaciones de "desprestigio contra personas".
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Los documentos confirman la labor represiva ejercida la Dirección de Inteligencia nacional (DINA) primero y a continuación la Central Nacional de Informaciones (CNI). La red de inteligencia incluía nexos con el Vaticano, el FBI, otras dictaduras latinoamericanas y la prensa mundial.
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El fallo "es muy importante" porque deja establecido que en los delitos de lesa humanidad "no se aplica la prescripción por normativas internas, tratados internacionales o la propia Constitución política", dijo el abogado de las tres hijas del asesinado militar, Luciano Fouilloux.
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El fallo desestima aplicar la figura de la media prescripción de la acción penal para disminuir la pena al considerar que el delito de secuestro calificado es de carácter permanente.
UPI