Incluso Sabas Chahuán reconoció haber conversado “con dos o tres senadores” cuando fue parte de la quina del máximo cargo del Ministerio Públicio. No obstante, precisó que no se opone a estas reuniones mientras sean de conocimiento público.
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La Asociación de persecutores se hizo cargo de informaciones que revelan reuniones entre algunos postulantes al máximo cargo del Ministerio Público y senadores que deberán votar por ellos. Asimismo, la organización, encabezada por el persecutor Claudio Uribe, asegura que “rechazamos absolutamente cualquier compromiso privado que se exija como requisito para ser nombrado en tan alto cargo”.
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"También me parece prudente que no voten quienes tienen un pariente cercano que está siendo investigado. A futuro sería bueno legislar al respecto. Es aconsejable que quienes están siendo investigados no participen en la elección del fiscal nacional", aseguró.
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La principal crítica que se le realizó a La Moneda fue que no se discutió con los partidos un nombre de consenso antes de proponer a Enrique Rajevic, impulsado principalmente por el ministro del Interior. La Presidenta le pidió a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que empezara gestiones para discutir una propuesta que encabece el Ministerio Público.
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La decisión de Iván Moreira (UDI) y de Fulvio Rossi (PS) va en contraste de los parlamentarios que insisten en que, por ley, no tienen motivo para marginarse de la votación del candidato que la Presidenta Michelle Bachelet proponga para encabezar el Ministerio Público. También se estaría buscando un nombre de consenso para evitar traspies como los sufridos con la elección del Contralor.
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"Yo, como senadora de la República no tengo ninguna inhabilidad. De hecho en este caso no cabe inhabilitarse", recalcó la parlamentaria.
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La primera lectura de Palacio y compartida por senadores es que en relación a Toledo, la Presidenta Bachelet no tendrá una “decisión limpia”, porque si lo selecciona se abre la posibilidad de críticas de que se estaría buscando sacarlo de la indagación a su familia.
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El próximo jefe del ente persecutor debe contar con dos tercios de los votos de la cámara alta. Sin embargo, existe una serie de legisladores, actualmente investigados en diversos casos, los que no están en una obligación legal de inhabilitarse en esta votación.
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Los aspirantes al cargo buscan convertirse por los próximos ocho años en la máxima autoridad a cargo de dirigir investigaciones y perseguir penalmente todos los delitos cometidos en el territorio nacional.
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De hecho, Toledo ya presentó ante el máximo tribunal del país una carpeta con sus antecedentes, oficializando de esta forma su candidatura para el cargo que deja Chahuán.
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