El texto alude al entonces diputado Pedro Araya (PRI) y a los ex legisladores Nino Baltolu (UDI), Marta Isasi (Ind.), Manuel Rojas (UDI) y Orlando Vargas (PPD).
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La investigación de Ciper determinó que el senador desaforado recibió pagos ilegales por parte de la misma empresa a la que benefició con ese polémico artículo.
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El fiscal explica que hay asesores, rectificatorias y en los correos que fueron incautados el año pasado en Corpesca, "se ve una operación de conjunto, de que todos están en conocimiento. (...) Tenemos que ver si es que el lobby efectuado por estas empresas a los parlamentarios es o no constitutivo de delitos".
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El Ministerio Público había pedido que el senador formalizado por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos volviera a prisión por ser "un peligro para la sociedad".
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Gustavo Hasbún y Juan Antonio Coloma hijo acusan a la fiscal Ximena Chong de haber hecho "uso y abuso de la publicidad" en el caso.
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El desaforado senador pasó 40 días en el anexo Capitán Yáber. El Servicio de Impuestos Internos no se opuso al cambio de cautelares, ya que se pagó una deuda de 36 millones de pesos que el legislador sostenía con el fisco.
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El punto crucial en esta audiencia tiene que ver con la salud del desaforado senador. Un informe del Servicio Médico Legal acredita que requiere supervisión médica, en tanto que un reporte particular asegura que el legislador está en “riesgo vital”.
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Mañana la defensa el senador ex UDI, quien renunció al partido en medio de su vinculación al caso Corpesca, deberá defender una eventual reducción de medidas cautelares. Actualmente se encuentra preso en el anexo Capitán Yáber.
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El desaforado senador está preso desde el 16 de junio en el anexo Capitán Yáber en el marco de la investigación del caso Corpesca. Ya había recibido visitas de diversos dirigentes de su ex partido.
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El ex ministro de Economía concluye que “cuando el doble estándar, la persecución y la injusticia atentan contra el más mínimo sentido común, se pierde respeto por las instituciones”.
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