Entre los acusados figuran Manuel Contreras y su ex secretaria, Adriana Rivas, respecto de quien se pidió la extradición al gobierno de Australia, país donde reside actualmente.
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Conocida por su crueldad extrema, Adriana Rivas González, integrante de la Brigada Lautaro y secretaria personal del ex jefe de la Dina, deberá enfrentar un proceso de extradición ordenado ayer por la Corte Suprema. Hoy se encuentra refugiada en Australia tras ser procesada por el juez Víctor Montiglio en la investigación por el asesinato y desaparición de tres cúpulas del Partido Comunista en 1976 y 1977 en calle Conferencia.
Carolina Rojas
La Segunda Sala del máximo tribunal apoyó en forma unánime el pedido del ministro Miguel Vásquez de pedir la extradición de Adriana Rivas González por su participación en la causa "Calle Conferencia 2".
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La resolución de mayoría ratifica el criterio de la ministra Maggi, quien sostuvo que los casos por los que se solicita la extradición están siendo investigados en Chile por ministros en visita, y que corresponde a tribunales nacionales conocer y juzgar los ilícitos por los que son requeridos.
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Adriana Rivas González en la actualidad vive en Australia y es indagada como autora de homicidio calificado en el Caso Conferencia, la cual se llevó a cabo en 1976 y terminó con la desaparición de toda la dirección del Partido Comunista.
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Junto con ello, los condenados deberán cancelar 150 millones de pesos en indemnizaciones a las familias de Juan Maino Canales y Antonio Elizondo, quienes junto con Elizabeth Rekas, desaparecieron en 1976 en el ex enclave alemán.
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Se trata de la investigación por el secuestro calificado del militante del MIR, Daniel Reyes Piña, ilícito perpetrado a partir del 18 de julio de 1974. Otros tres ex DINA están procesados.
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La muerte de Luis Arias se produjo luego de que el 19 de febrero de 1975 su domicilio en el sector santiaguino de La Reina fuera allanado y se produjera un enfrentamiento con los agentes de la DINA.
EFE
Junto con ellos, también fue procesado el también integrante de la Dirección de Inteligencia Nacional, Marcelo Morén Brito. Los ex agentes fueron notificados en el Penal Punta Peuco, donde cumplen condena por violaciones a los derechos humanos.
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El jurista se vio envuelto en una polémica tras ofrecer, a nombre de los ex uniformados, información sobre DD.HH. a cambio de beneficios para los militares condenados, cuestión que luego fue negada por los reos del penal.
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