En el proceso que instruye el ministro Carroza declararon como inculpados varios oficiales (r) de la FACH, entre los cuales podrían estar los presuntos torturadores del padre de la ex mandataria.
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15 de los 22 hombres y mujeres acusados por el Gobierno de provocar desórdenes, destruir instalaciones y obstruir el libre tránsito el pasado 14 de marzo son habitantes de Chacabuco. Algunos de ellos participaban en un cortejo fúnebre que esa tarde regresaba del cementerio de Aysén. Aquí reconstruimos esos minutos a través de sus testimonios.
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Junto con indicar que se trata de "una querella contra el pueblo de la región de Aysén", el dirigente sostuvo que diecinueve abogados de la región de Aysén y Santiago confirmaron su apoyo y patrocinio a los 22 pobladores.
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Esto luego que -según se informó- llegara el decreto con el nombramiento de Rodrigo Hinzpeter como ministro del Interior, después que el Gobierno anunciara que se enviaría el documento original y "enmarcado".
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El magistrado Juan Patricio Silva aclaró que se presentó una fotocopia simple, pero la querella debe ser presentada en su original, o en su defecto, una copia debidamente certificada. En este documento se acredita al Ministerio del Interior como aplicador de la ley.
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"Lo que es más grave es que son recontratados en la práctica por el mismo sueldo, por más de cuatro millones de pesos mensuales, sin hacer nada, sin oficiar, sin necesidad de cumplir horarios, en el Ministerio del Interior", dijo el PPD Marco Antonio Núñez
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Ubilla fue enfático en recalcar que el “Ministerio del Interior no tiene aparato de Inteligencia” puesto que las investigaciones son propias de la Fiscalía, negando que su cartera trabaje con la Agencia Nacional de Inteligencia
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La razón esgrimida por el titular (s) de la cartera, Rodrigo Ubilla, es que Núñez lo asesorará para "hacer un traspaso ordenado de la repartición".
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El subrogante de Interior agregó que "tenemos que recordar que en este incendio en Casa de Piedra se produjo la muerte de brigadistas, personas que estaban apagando estos focos".
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Según el fallo, no existe necesidad de seguir adelante con la revisión toda vez que las denuncias dan pie para plantear una investigación penal, que ya está en curso.
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