Los familiares y cercanos a la joven iniciaron una búsqueda y una campaña por redes sociales para establecer la denuncia en la Bicrim de la PDI de la comuna.
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Un Decreto Supremo del año 2005 establece que se deben realizar respaldos anuales de los computadores asignados a los funcionarios, y que además se debe garantizar la protección de esta información. Esta información, aparentemente, contradice lo que planteó el Ministro Marcelo Díaz el pasado 24 de agosto.
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El grupo “Partidarios por la Defensa de Chile” (Padechi), de acuerdo a la denuncia de la agrupación por la diversidad, se identifica como enemigo de las “minorias sexuales”, entre otros.
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El correo electrónico trae una supuesta citación al tribunal de justicia de la "comunidad de Maipú".
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Cancino Varas había sido seguido por la brigada de Derechos Humanos, hace varias semanas, luego que detectaran los movimientos bancarios que hizo desde cajeros automáticos para cobrar su pensión.
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Los usos de este software, de nombre Phantom, de un costo de 2 millones 800 mil dólares, fueron cuestionados por el presidente de la Comisión de Control de Inteligencia del Estado, René Saffirio, quien citó al jefe de la institución, Héctor Espinosa, ante el Congreso.
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En una votación que fue unánime, el tribunal estimó que la libertad de los universitarios significa un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando la gravedad de los delitos imputados.
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Marcelo Díaz destacó que Patricia Silva, subrogante en la Secretaría General de la Presidencia, se mantendrá en el cargo hasta que Bachelet decida.
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El requerimiento se basó en los antecedentes aportados por la ex diputada Marta Isasi quien declaró ayer ante la fiscalía por cerca de tres horas en calidad de imputada.
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Estas pesquisas se estarían centrando en las oficinas de los alcaldes Christian Vittori y Luis Plaza, y de parte del equipo de concejales de ambas comunas.
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