"Se pretendió instalar la existencia en Chile de una red o una asociación ilícita terrorista, todo lo cual se fue a pique, porque a poco andar quedó al descubierto que el artífice de esta historia, el ex fiscal Peña, pasó a trabajar a Interior", señaló el profesional.
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"¿Están dispuestos a pagar el costo histórico de aprobar una ley liberticida y antidemocrática –la nueva Ley Maldita-, que por razones de supervivencia la inmensa mayoría del país no puede acatar?", dicen los universitarios a los parlamentarios a través del texto que manifiesta su rechazo a la Ley de Fortalecimiento del Orden Público.
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Sin embargo, se muestra preocupación por grupos de narcotraficantes que con el paso del tiempo han crecido como amenaza, aún así para el ministro estas agrupaciones nunca serán como la ETA en España o las FARC en Colombia.
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Manuel Ahumada, Vicepresidente de la CTC, manifestó que "las declaraciones del ministro del Interior a principios de este año repercutió en el mundo del trabajo, y dieron pie para que se produjeran discriminaciones"
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El jefe de gabinete defendió el actuar del gobierno frente a las protestas y dijo que la violencia da paso a conductas criminales y, eventualmente, a conductas terroristas.
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A juicio de los magistrados de la Corte de Apelaciones las palabras del ministro no constituían una amenaza tal como señalaban los recurrentes respecto a la libertad y seguridad de quienes se verían involucrados.
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El secretario de Estado enfatizó que en sus metas como ministro del Interior, va a "seguir empeñado en sus facultades para entregarle a las víctimas de la delincuencia tranquilidad".
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El ministro del Interior respondió ayer al requerimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago en cuanto a entregar los antecedentes que respaldaban las declaraciones en las que vinculaba a organizaciones mapuche con los incendios que afectaron las cercanías de Carahue. Allí, el secretario de Estado negó haber culpado a personas o grupos determinados.
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El titular de Interior alega que sus palabras fueron transcritas en forma inexacta, y niega haber ordenado diligencia alguna contra comunidades mapuche.
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La orden del tribunal se produjo en respuesta a un recurso de amparo presentado por el abogado Juan Loncon, y el ex director de la Conadi, Domingo Namuncura.
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