La parlamentaria recalcó que "llevaremos esta respuesta del oficio a la Contraloría, para que aclare si es que efectivamente ese protocolo que ellos responden tiene la misma implicancia con, no solamente el borrado del computador, sino que con que éste quedara inutilizable".
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Inicialmente el gobierno indicó que existía un protocolo de borrado de información de los equipos de funcionarios del Estado. Luego esto se desmintió, y se estableció que el mismo hijo de la Presidenta solicitó que se eliminara la información.
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"Lo importante es no perder el foco en investigar todas las aristas, la ciudadanía espera una investigación imparcial", aseguró Gabriel Silber.
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Los hijos del presidente de la Democracia Cristiana están siendo investigados por los dineros que su empresa Ventus Consulting recibió de SQM. Parlamentarios han argumentado que el senador debiera inhabilitarse para votar por el próximo Fiscal Nacional, y éste argumentó que la Presidenta no haría lo propio pese a que el Ministerio Público está investigando a su hijo y nuera.
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La primera lectura de Palacio y compartida por senadores es que en relación a Toledo, la Presidenta Bachelet no tendrá una “decisión limpia”, porque si lo selecciona se abre la posibilidad de críticas de que se estaría buscando sacarlo de la indagación a su familia.
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Los legisladores Osvaldo Andrade (PS) y Enrique Jaramillo (PPD) rechazaron la solicitud, por lo que el trabajo sólo se extenderá hasta este miércoles. Además, parlamentarios de oposición solicitan la renuncia del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, por haberse reunido en Palacio con operador político Juan Díaz.
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El Ministerio Público también citará al jefe de informática de La Moneda, para determinar el porqué se accedió al borrado del equipo del hijo de la Presidenta.
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Además, el hijo de la mandataria declaró que no habría ilegalidad en las funciones duales que ejerció mientras trabajaba para el gobierno, al mismo tiempo que prestaba asesorías al empresario Gonzalo Vial Concha.
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Estas se sumarían a las presentadas en contra de los funcionarios de la municipalidad de Machalí, Cynthia Ross y Jorge Silva, además del intermediario Juan Díaz.
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Funcionarios de la unidad investigativa de la institución, el OS-9, expusieron de manera reservada ante la comisión investigadora del caso. Indicaron que cerca de 300 documentos estarían relacionados con las indagatorias.
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