Sobre la toma del ex Congreso Nacional, el legislador aclaró que no compartía lo que los manifestantes hicieron "y rechazo la forma en que ellos ocuparon el Parlamento pero antes de ocupar la fuerza voy a intentar dialogar".
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El texto legal pretende dotar a los consumidores y al organismo fiscalizador de mayores atribuciones y competencias.
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"Vamos a proponer que se restablezca la sanción penal, donde hayan acciones de colusión y concertación que afectan particularmente a los servicios públicos, para que el nivel de desincentivo sea absolutamente razonable y lo piensen dos veces, porque eventualmente pueden terminar con una sanción penal, que es lo que les molesta", explicó el presidente del Senado Guido Girardi.
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El legislador manifestó su preocupación por lo que considera "un proceso de regresión autoritario" y aseguró que está dispuesto a mantener sus ideas.
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Esto, como consecuencia de los incidentes registrados el jueves pasado en el ex Congreso. "El presidente del Senado debe ejercer las acciones legales pertinentes, que no son una simple denuncia ante la Fiscalía, es una querella criminal como corresponde para los efectos de perseguir a quienes interrumpieron el debate en el Parlamento", aseveró Francisco Chahuán.
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Además, anunció que un fiscal interno deberá determinar qué funcionarios ayudaron a los manifestantes a entrar al Senado e interrumpir el desarrollo de la subcomisión mixta donde se encontraba el ministro de Educación, Felipe Bulnes.
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El parlamentario se refirió así a lo sucedido en el ex Congreso Nacional, señalando que hay que analizar la posibilidad de una censura.
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La Fundación Iguales y el MOVILH han hecho un llamado a apoyar esta iniciativa legal, que está en trámite en el Congreso desde el 2005.
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La instancia resolvió incorporar a la Carta Fundamental el criterio de la calidad y el deber del estado respecto al financiamiento.
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La iniciativa quedó, ahora, en condiciones de ser analizada en la Cámara de Diputados. Según Ricardo Lagos Weber valoró que el texto legal “fomenta la democracia”.
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