Pese a que la ministra tuvo la intención de contestar la pregunta del periodista, decidió guardar silencio.
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El fiscal Arias investiga al cardenal Ezzati en calidad de imputado como presunto encubridor de los delitos sexuales que se indagan en el caso del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo.
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“Como buen criminal, Ezzati en lugar de cooperar con la justicia, se acogió a su derecho a guardar silencio. Un derecho, sí, pero de encubrimiento”, dijo José Andrés Murillo.
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Nominada a Mejor Fotografía en los Oscar y elogiada por la critica especializada, la película llegará a salas nacionales el 16 de marzo.
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El diputado independiente pro DC es investigado por presuntos aportes irregulares de parte de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral.
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“Eso habla bien de él, mucho mejor de lo que yo habría pensado de él, (estoy) sumamente sorprendido”, indicó el legislador UDI, en relación a que el parlamentario por Magallanes permitió la unanimidad de los comités para que se realizara el acto.
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El ex candidato presidencial subió un posteo a Facebook donde se refirió a su comparecencia ante la fiscal Ximena Chong, quien investiga el jet brasileño privado que utilizó en su campaña presidencial.
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María Teresa Nielsen es periodista, y en una carta al director en El Mercurio denuncia que para poder acceder a una reparación a la pérdida de su auto por parte de las empresas involucradas en el desastre que afectó principalmente a la comuna de Providencia, se le prohibía dar declaraciones a cualquier medio de comunicación, y específicamente no podía realizar declaraciones en contra de “Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A., ni de Sacyr Chile S.A., ni del Ministerio de Obras Públicas, ni del fisco de Chile”.
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El ex candidato presidencial acudió ante los fiscales a cargo de ambas causas, y al estar citado en calidad de imputado, determinó guardar silencio.
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Solicitudes tanto desde parlamentarios como por parte de Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de DD.HH. buscan terminar con el secreto de 50 años que pesa sobre la información recabada por la comisión Valech. Esto podría cambiar ostensiblemente el panorama respecto del enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad en nuestro país. El Ejecutivo reconoció estar evaluando aquella opción, pero no es lo único que está realizando.
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