La nueva citación, que también incluye al ex titular del Interior, Edmundo Pérez Yoma, busca aclarar quién ejercía la autoridad el 27F. Pese a que aún no se define una fecha para las citaciones, los querellantes indican que el ex ministro será el primero en declarar en los próximos días.
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Las pericias, que encabeza de manera central la fiscal especial Solange Huerta, consistirían en un cuestionario para determinar responsabilidades a nivel local, tanto de Gobierno como de la Armada.
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Los antecedentes contendrían la lista de funcionarios sancionados en cada uno de los procesos internos. Éstos no fueron solicitados por la Fiscalía, sino que fueron aportados voluntariamente por la institución.
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Antes de ingresar a las dependencias de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el edil explicó "me han citado para que le entregue el video a la fiscal y declare, no sé en calidad de qué estoy aquí, sólo vengo porque me lo pidieron y lo hago como cualquier chileno".
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La petición se fundamenta en que la persecutora no habría accedido a más de 20 diligencias investigativas destinadas a sustentar lo ocurrido en la tragedia.
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El profesional argumentó la supuesta falta de imparcialidad de Huerta tras sus dichos a un periódico donde descartó responsabilizar a la ex Presidenta Michelle Bachelet en los errores en la alerta del maremoto.
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La fiscal que estuvo a cargo de la investigación de caso por dos años, sostuvo que existe una falta de "competencia técnica" y la ausencia de "lenguaje común" entre la Onemi y el Shoa. Respecto de la ex Mandataria dijo que "debía cumplir una labor de vocería".
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A pesar de tener el carácter de asesor externo del Shoa, la experta oceanógrafa no habría sido escuchada por el ex director del organismo tras cancelarse la alerta de tsunami el 27-F
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"Es complejo resumir dos años de investigación, pero existe una frase por la que queremos resumir lo que hemos descubierto: El país a medias", dijo la fiscal de la zona Occidente.
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"Mucha gente de la Onemi no tenia el conocimiento para cumplir la funciones por las que estado de Chile les pagaba; no se trataba de un voluntariado, eran funcionarios públicos y debían asumir las responsabilidades, debían cumplir con los protocolos y eso no se cumplió", dijo la Fiscal del caso, Solange Huerta.
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