Diputado Monckeberg insiste en perseguir responsabilidad política de Bachelet
A juicio del parlamentario, la ex mandataria cometió errores que permitieron "la alteración del orden público en las horas posteriores al terremoto y tsunami".
Redacción
A juicio del parlamentario, la ex mandataria cometió errores que permitieron "la alteración del orden público en las horas posteriores al terremoto y tsunami".
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El abogado Alfredo Morgado agrega que se debe ser prudente con pedir diligencias "cuyo resultado no va a aportar mayormente a la investigación" en referencia a las peticiones de interrogar al actual Mandatario, Sebastián Piñera.
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Según Víctor Pérez "Llegó el momento de la justicia para las familias de los compatriotas fallecidos, que confiaron en autoridades que no estuvieron a la altura de las circunstancias".
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El ex vocero dijo estar "convencido de que ninguna de las personas formalizadas y particularmente Rosende y Carmen Fernández jamás intentaron o pensaron que alguna de sus decisiones iba a causar eventualmente una tragedia".
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El letrado Raúl Meza señaló que la decisión de la fiscal Huerta respecto al ex subsecretario del Interior "sienta un precedente" en cuanto a perseguir responsabilidades de autoridades políticas.
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El requerimiento se funda en antecedentes que permiten presumir "la existencia de delitos culposos en el desempeño de un grupo de personas" en relación las decisiones tomadas el 27-F.
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8 mil páginas de extensión tienen los documentos que presentan la convicción de que hubo delitos. A esto, Huerta remarcó que se está haciendo una "investigación de carácter técnica y no política"
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El informe de cerca de 8 mil páginas, se detalló en cerca de dos años y fue entregado a la titular de la Fiscalía Metropolitana de Occidente, Solange Huerta, quién revisará a los imputados que el informe culpa, como cuasidelito de homicidio, ya que ciertas decisiones costaron la vida de más de 156 personas.
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De acuerdo a lo señalado por la prosecutora Solange Huerta, lo que se busca son responsabilidades de tipo penal, técnica y no política ni administrativa.
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El jurista Raúl Meza dice que la medida se debe al rechazo de la fiscal a tomar una tercera declaración a la ex Presidenta Michelle Bachelet.
UPI