El equipo judicial del ex senador, argumenta que se solicitó la audiencia antes de que existiera una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII).
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Esta gente que entra y sale de la Yáber, que pasa en fiscalías o juzgados como si fueran traficantes, que llegan escoltados a una simple declaración, realmente no dimensionan el grado de daño hecho en el país.
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Los casos Penta y SQM han afectado el bolsillo del gremialismo, por lo que el flamante timonel inició una campaña para reunir fondos, recalcando que los actuales ingresos "no cubren los gastos mensuales de la sede central".
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El otrora Mandatario, quien declaró que "es de clase media", reiteró que la entrega de boletas de sus empresas a SQM ocurrió durante el fideicomiso ciego.
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A través de una rectificación ante el SII, la minera admitió que hubieron servicios que no se prestaron o que no eran de su giro, respecto de 237 facturas por un total de más de 2 mil millones de pesos.
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¿Alguna vez Jaime De Aguirre imaginó ser millonario, como Ponce Lerou? ¿Qué une los modus operandi de ambos en ese siniestro camino hacia la riqueza súbita? Quizás ninguno de ellos imaginó cómo cambiaría su suerte tras la dictadura. La habilidad camaleónica frente a cada nuevo escenario ha sido clave en ese tránsito de empleado a millonario; habilidad apta para hacerle frente a la adversidad de turno, aprovechando el viento a favor y esquivando obstáculos.
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"No es porque sea imprescindible (la inhabilitación) porque las facultades de aplicar acciones penales están delegadas, no pasan por mí, igual que de fiscalizar. Pero por una cuestión de transparencia creo que voy a tomar esa decisión", fundamentó.
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El actual CORE del Biobío es sindicado como el encargado de recaudar 180 millones de pesos entregados por funcionarios Junji a través de boletas falsas a SQM.
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El ex Mandatario reconoció la existencia de dos contratos entre Bancard y la firma La Música, donde participa De Aguirre, pero reiteró que "ya estaba desligado de la gestión y administración de las empresas" bajo su alero.
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Hugo Herrena presentará una demanda civil en contra del cuestionado empresario y ex yerno de Pinochet. Tiene documentación que demuestra cómo se urdió un plan desde el Estado para estafar a los trabajadores a través de la compra de acciones.
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