Ante esta situación, los jefes de comités de la oposición en el Senado acordaron una sesión especial para tratar las graves anomalías e infracciones en las que habría incurrido el TC.
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Diputados de Revolución Democrática y el Frente Amplio, junto a organizaciones sociales llamaron a “ponerle tarjeta roja” al TC ante las decisiones que ha tomado sobre políticas públicas ya ha aprobadas democráticamente en el Congreso.
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Según argumentaron, el organismo habría actuado fuera de sus funciones legales y constitucionales, vulnerando con ello una decisión del poder legislativo y la propia Constitución.
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Aróstica afirmó en la Cuenta Pública que se revisaron 150 artículos y de ellos, sólo nueve se declararon inconstitucionales.
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De llegar a puerto, sentaría un precedente porque nunca se había utilizado esta vía de la nulidad a propósito de algún fallo del organismo.
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La propuesta fue respaldada por las organizaciones sociales No + AFP, Confusam, Confech y Organizando Trans Diversidades (OTD), quienes manifestaron la necesidad de impulsar el debate y transformar dicha institución.
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El secretario de Estado defendió la inconstitucionalidad del artículo 63 de la Ley de Educación Superior, el que no permitía a entidades con fines de lucro controlar universidades.
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El ex ministro de Educación señaló que "cruzarse a un sentido mayoritario y al parlamento constituye un error".
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La senadora es una de las parlamentarias que integran la comisión mixta donde se discute el proyecto.
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"Es la actual Constitución, la que no da cuenta de lo que debe ser una Carta Política, que sea expresión de los consensos sociales que reflejen el sentido y voluntad que en un determinado momento conviene la sociedad políticamente organizada".
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