En tanto, el abogado constitucionalista Patricio Zapata explicó que "si han salido varios fallos en una misma dirección, el TC puede a tomar la decisión de declarar inconstitucional una ley".
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Laurence Golborne fue imputado en junio pasado por facilitar boletas ideológicamente falsas a 10 empresas por 260 millones y así financiar su candidatura. Junto con ello, recibió 120 millones de Penta, a través de su empresa Vox Comunicaciones, por servicios que nunca se prestaron.
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"Más que importar una votación política, importa la vida humana, eso está en juego. El proyecto, de pasar, como es tan claramente contradictorio con la Constitución, lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional”, adelantó el senador Hernán Larraín.
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Aún está otra contienda de competencia que elevó el ente administrativo ante el Senado, donde reclama su derecho para definir la misma materia, respecto de un grupo de trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que también quieren que sus pensiones estén con las Fuerzas Armadas en Capredena, y no en las AFP.
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La ministra Adriana Delpiano precisó que “éste es un tema que ha sido muy complejo, duro, porque efectivamente es un tema de optar no por lo mejor, sino que por el mal menor, respecto del fallo del Tribunal Constitucional (TC) del año pasado”.
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El ministro de Hacienda Rodrigo Valdés especificó que “hoy día, como está el Presupuesto, no tiene recursos para las universidades estatales en basales ni becas para educación superior”.
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La Superintendencia de Valores y Seguros cerró la investigación del caso aplicando multas que en su conjunto superaron los 4 millones de UF.
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Esta ley, que moderniza las relaciones laborales, sufrió los embates de la oposición en el Tribunal Constitucional. Pese a todo, la mandataria consideró que es un significativo avance en las relaciones trabajador-empleador.
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Ahora el proyecto pasará a ser revisado por la instancia, para poder ser promulgado como ley.
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El tribunal determinó que verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años no sería una limitación a las garantías constitucionales.
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