Una de las posibilidades sería aplazar la postulación a las universidades, pero esto implicaría cambiar una serie de plazos. Esta decisión estaría en las universidades.
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Un contingente del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros acudió al lugar, y cortaron las cadenas y desalojaron a los cerca de 30 estudiantes que se tomaron este acceso a esta secretaría de estado.
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El vocero Marcelo Díaz afirmó que "hemos venido trabajando en distintas opciones que nos permitan cumplir con lo que la presidenta señaló: el inicio de la gratuidad en 2016".
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¿Si hay universidades malas, por qué siguen abiertas?, es el argumento que entre líneas se lee del deseo arbitrario.
Columnista
Los estudiantes perdimos. Algunos dirán que perdió Bachelet, otros que perdió la reforma del gobierno y otros cómodamente seguirán no diciendo nada pero lo cierto es que el fallo del Tribunal Constitucional en contra de la gratuidad para 200.000 estudiantes es un balde de agua fría para todos quienes desde el 2011 venimos pidiendo una Educación Pública, Gratuita y de Calidad.
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Durante los últimos días hemos visto como lamentablemente, la derecha representada por parte de sus parlamentarios (y liderados principalmente por el Diputado Jaime Bellolio), ha recurrido al Tribunal Constitucional para solicitarle a este que se pronuncie acerca de la glosa de gratuidad del presupuesto nacional, y su constitucionalidad. Dicha glosa fue aprobada por la propia Cámara de Diputados, por lo cual recurrir al TC como una “tercera instancia”, me parece lamentable.
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"Algunos quieren impedir que cumpla con mi palabra, no me conocen. Quieren frenar la gratuidad, no lo van a lograr", expresó desde La Moneda.
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Junto con ello, acusó a la oposición de usar a los estudiantes como "escudos humanos" para beneficiar a las instituciones educacionales que lucran y puntualizó que el fallo del TC es una demostración que la democracia está "secuestrada".
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El organismo acogió de manera parcial el requerimiento presentado por parlamentarios de oposición en contra de la glosa presupuestaria que financiará el beneficio a partir de 2016.
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"Nos preocupa que el TC haya decidido declarar inconstitucionales las exigencias pedidas a las instituciones antes de darles recursos. ¿Cómo podrá el Estado invertir la plata de todos de manera criteriosa, si eventualmente el TC podrá decir que es una discriminación arbitraria?".
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