Entre las 15 y las 19 horas, los ministros se reunirán a deliberar y adoptarán una resolución, la que debiera ser comunicada públicamente cerca de las 19:30 de esta tarde.
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El próximo 10 de diciembre asistirán los abogados del gobierno y de los parlamentarios de oposición que presentaron el requerimiento. La sentencia será comunicada el 23 de diciembre.
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El Ejecutivo, a través de diversas intervenciones de ministros, aseguró que es una posibilidad real iniciar la entrega de este beneficio a los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores. La oposición, que presentó la impugnación a la forma de financiar la educación de estos estudiantes, planteó que la postura del gobierno responde a un "chantaje".
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El Tribunal Constitucional acogió a trámite la solicitud hecha por parlamentarios de la oposición que creen que el proyecto de gratuidad del gobierno contradice la Carta Magna. Expertos en educación dan sus argumentos de por qué esto podría ser así y cómo afectará a los alumnos que acaban de dar la PSU.
Hernán Melgarejo
Por su parte Raúl Guzmán, jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, sostuvo que la presentación del TDLC es "inédita", ya que no tiene sentido mantener la reserva de los antecedentes, puesto "que ya existieron delaciones, o sea reconocimiento, de las acciones ilícitas (...) y ya han sido publicadas".
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La impugnación que presentaron parlamentarios de Chile Vamos se basa en que esta forma de financiar la educación superior de cerca de 200 mil estudiantes sería discriminatoria.
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El recurso que busca impugnar el financiamiento de la educación superior de cerca de 200 mil jóvenes a causa de que sería discriminatorio deja en una complicada posición al gobierno, el que ya analiza opciones para poder implementar el beneficio y no quedar mal herido ante la ciudadanía.
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Y es que el TDLC busca frenar que el Ministerio Público, a través de la Corte de Apelaciones de San Miguel, pueda tener acceso a los antecedentes y documentos reservados sobre la investigación que lleva a cabo por colusión.
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El principal argumento presentado en este recurso tiene que ver con que la forma de financiar el beneficio por parte del gobierno sería "inconstitucional", ya que beneficia a una serie de jóvenes, mientras que otros en idénticas condiciones quedarían fuera por cursar sus estudios en establecimientos que no cumplen las condiciones para recibir estos dineros.
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Y es según explicó el organismo en su requerimiento, está impedido legalmente de entregar estos datos, entre los que destacan correos electrónicos y escuchas telefónicas, de la indagatoria desarrollada por la Fiscalía Nacional Ecónomica en contra de CMPC, de propiedad del grupo Matte, y SCA Chile.
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