La decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de revocar el fallo que ordenó al Fisco a pagarle una indemnización a Alejandro Fernández Lincopán tras la demanda por daño moral que presentó en el marco del estallido social del 18-O, le otorgó un nuevo sustento a la querella que interpuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el equipo jurídico Amigo Abogados, patrocinante de la acción judicial por parte del actor.
La resolución de la tercera sala del tribunal de alzada capitalino es, por ahora, el último capítulo del uso reiterado de testigos falsos por parte del estudio legal con sede en la ciudad de Concepción, de acuerdo con la querella que entabló el CDE el 23 de enero de este año ante el Juzgado de Garantía de la capital de la Región del Biobío.
Según el libelo, el estudio de Francisco Amigo Cartagena utilizó declaraciones dolosas por parte de testigos falsos tanto en casos vinculados a los hechos relacionados con el 18-O como otros que habrían ocurrido durante la dictadura.
Los casos que ganó el estudio de abogados querellado por el CDE
En concreto, en la querella interpuesta por el CDE se acusó a Amigo Cartagena del delito de presentación de prueba falsa en juicio civil y a la abogada Daniela Prieres Tapia de cómplice de falso testimonio en juicio civil.
Lo anterior, luego de que se detectara que el estudio jurídico presentó al bombero y transportista Humberto Rojas Sánchez como testigo en al menos 45 causas civiles contra el Fisco de Chile.
Todos los casos fueron patrocinados “por el abogado Francisco Javier Amigo Cartagena o por profesionales vinculados a su estudio jurídico”, según se detalla en la acción penal que está tramitando el fiscal de Concepción, Guillermo Henríquez,
De acuerdo con lo establecido por el CDE, las declaraciones de los testigos falsos, entre ellos Rojas Sánchez, llevaron a que tres de los casos se fallaran en primera instancia a favor de los demandantes.
Se trata de los del actor Alejandro Fernández Lincopán, que ya revocó la Corte de Apelaciones de Santiago; de Francisco Palomino Miranda, a quien en primera instancia se ordenó pagar $10 millones, y de Álvaro Cabrales Herrera ($3 millones), cuyos casos también estudia el tribunal de alzada, detalló EX-ANTE.
A estas demandas contra el Fisco se suman otras ocho vinculadas a hechos presuntamente ocurridos durante la dictadura, cuyas resoluciones se encuentran aún pendientes. Además, se podrían añadir otros, en la medida que avancen las indagatorias por parte de los órganos competentes.
“No resiste lógica alguna que un abogado, con experiencia en este tipo de juicios, no observe ni se cuestione cómo es posible que el mismo testigo posea conocimiento de los hechos, en 45 juicios distintos, conociendo casualmente a las víctimas por su actividad de transportista o por labores de bombero; en que, en todas, justamente, son coincidentes con demandantes que patrocina en acciones contra el Fisco”, recalca el escrito interpuesto por el CDE.
“Cuando existen antecedentes que podrían comprometer la veracidad de los medios de prueba presentados ante los tribunales, el deber del CDE es promover su investigación, contribuyendo a erradicar malas prácticas que, de asentarse, afectarían gravemente la confianza pública en el sistema judicial“, añade el texto.
