El rector agregó que "la universidad ha presentado los antecedentes en el Ministerio Público, en el mismo Juzgado donde tiempo atrás pusimos la denuncia de sustracción de las letras".
Redacción
Ayer, el artista chileno Francisco “Papas Fritas” Tapia aseguró ser responsable de una singular acción de arte: quemar letras bancarias de la Universidad del Mar por más de US$500 millones.
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Logró adjudicarse los documentos después de dos meses durante la toma del establecimiento en la Quinta Región. Sin que los estudiantes supieran, pues les dijo que preparaba una exposición sobre la quiebra de la universidad y no que sustraería los documentos.
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El objetivo es lograr obtener el apoyo para extender su funcionamiento y que los alumnos que aún estudian en esta institución puedan titularse.
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El Ministerio de Educación informó que cerca de 14 mil estudiantes se encontraban matriculados en dicho plantel, de los cuales, el 92% se encuentra reubicado, ya sea por iniciativa propia o por convenios del Mineduc.
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De no resolverse esta situación, los alumnos, que aún se encuentran en proceso de término del último semestre de 2013 que finalizará en enero, continuarán sus labores académicas en la misma universidad.
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Son 12 las universidades que están bajo la mira del Fiscal Carlos Gajardo por ser sospechosas de haber burlado la ley. En El Dínamo revisamos uno a uno sus antecedentes y los damos a conocer para que quienes postulen lo hagan informados.
Nicolás Sepúlveda
Son 12 las universidades que están bajo la mira del Fiscal Carlos Gajardo por ser sospechosas de haber burlado la ley. En El Dínamo revisamos uno a uno sus antecedentes y los damos a conocer para que quienes postulen lo hagan informados.
Nicolás Sepúlveda
Los principales reclamos de los estudiantes fueron por los incumplimientos de las condiciones contratadas (59%), problemas de infraestructura ofrecida (bibliotecas, profesores), modificación de horarios o planes de estudios, entre otras.
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Según lo expresado por el organismo, la medida afecta a 10 inmuebles pertenecientes a estas casas de estudios y consiste en "la prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados, dado que arriesgan penas de multa a beneficio fiscal que pueden alcanzar las 10 mil UTM, es decir, superar los 400 millones de pesos, por cada una de las instituciones".
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