Tras el ataque que culminó con la muerte del matrimonio Luchsinger, el precandidato de la UDI dijo que "hay que darle el apoyo político y el respaldo a la fuerza policial que hasta ahora no se le ha dado" y agregó que "pedir que Bachelet se pronuncie es lo menos relevante".
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Durante la mañana un carabinero recibió el impacto de una bala en la tenencia de Vilcún, hecho que se aclaró mientras el oficial continúa internado de gravedad.
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El oficial de 31 años recibió una bala dentro de la tenencia durante la mañana del domingo en un incidente que no se ha aclarado.
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El Gobierno aseguró hoy que en la La Araucanía operan "organizaciones terroristas" y no descartó tomar nuevas medidas tras el incendio intencionado que este viernes causó la muerte de un matrimonio y por el que varios sectores han pedido declarar el estado de excepción.
EFE
Tras el ataque ocurrido en Vilcún, el Gobierno interpondrá una querella al, por ahora, único sospechoso del atentado que costó dos vidas.
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"Nuestro interés fundamental aquí es, en el tiempo más breve posible, lograr los antecedentes que nos permitan formalizar a la persona que tenemos detenida, y además poder ligar los hechos ocurridos en Navidad", dijo Francisco Ljubetic.
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La conflictiva relación entre los Mapuche y los herederos de Adán Luchsinger, quien llegó a Chile en 1883 se inicia con la compra de terrenos que habían sido arrebatados a los indígenas. En este proceso se modificaron los deslindes y se cobraron en suelos las deudas que los comuneros adquirían en la pulpería de la familia.
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Córdova es un reconocido machi de la comunidad Juan Quintupil de Vilcún. De hecho, hizo clases de medicina mapuche en un diplomado organizado por la Universidad Católica de Temuco en 2010 y 2011.
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El atentado ocurrido en la comuna de Vilcún, que costó la vida al agricultor Werner Luchsinger Lemp y su esposa, causó conmoción a nivel nacional, y llevó al Presidente Piñera a desplazarse hasta la región para realizar una serie de anuncios.
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Mientras algunos aplauden el anuncio del gobierno de querellarse invocando la polémica normativa, otros coinciden con el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el sentido de que ésta no ofrece garantías para los imputados.
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