Además, agregó que “siempre el Estado tiene que estar disponible para la investigación, para la sanción y la reparación de las violaciones a los derechos humanos”.
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Es por ello que instó a Suiza frenar la orden de deportación a nuestro país de la dirigente Flor Calfunao Paillalef.
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"De una vez por todas no podemos estar preocupados de informes más o informes menos, ya llevamos cuatro informes", indicó el canciller.
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Además ejemplificó que el 10 de noviembre se restringió el uso de las escopetas antidisturbios, estableciendo que sólo podrían utilizarse en caso que personal de Carabineros enfrentase una situación de riesgo vital.
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"Hoy, nos duele especialmente el diagnóstico de Gustavo Gatica Villarroel, y nuestro compromiso es de colaborar activamente con la investigación de dicho caso", sentenciaron.
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"La Oficina llama a las autoridades a asegurar que las manifestaciones sean gestionadas con pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos, sus normas y estándares".
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Guevara-Rosas acusó que el Gobierno "busca deslegitimar nuestras conclusiones, basadas en documentación rigurosa y los testimonios de víctimas, sin aportar evidencia".
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“La extensa denuncia de Amnistía Internacional no contiene ninguna prueba directa ni indirecta, de una orden, un acuerdo, o siquiera una insinuación de las FF.AA. en ese sentido”, indicaron.
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Karina Soza valoró el documento que aseguró “categóricamente que no hay dolo de dañar: Carabineros jamás ha tenido intención de dañar a las personas".
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"La imputación es falsa, ya que en el ejercicio de mi cargo jamás he instruido ni tolerado la afectación ni vulneración a derechos humanos de mis compatriotas”.
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