El gobierno de Nicolás Maduro aseguró que el informe de la Alta Comisionada de la ONU sobre los DDHH, Michelle Bachelet, difundido hoy sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, presenta “una visión selectiva y abiertamente parcializada” de la realidad del país.
Bachelet dio a conocer un documento de 18 páginas, basado en 558 entrevistas a víctimas, testigos, profesionales de distintas áreas, incluyendo a los de salud y vinculados a medios de comunicación y ex militares y oficiales de seguridad, entre varios otros.
La ex presidenta, tomó una posición muy crítica respecto de la dictadura de Nicolás Maduro y denunció que en Venezuela se violan “los derechos económicos y sociales de los venezolanos”.
Se “confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre”, dice el primer punto.
Sin embargo, quien no estuvo de acuerdo con el informe dado a conocer por la Alta Comisionada de la ONU, fue el régimen de Maduro.
“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de Derechos Humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de Derechos Humanos”, respondió el ministro de Relaciones Exteriores, desde el Palacio de Miraflores.
Tal como indica Infobae, el régimen de Maduro parece indignado. “En el documento se privilegia exclusivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado”, expresan.
“No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas”, sostienen.
Cerca del final, la réplica del régimen afirma: “El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas ‘por motivos políticos’. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición”.
