Tras el acuerdo alcanzado por 15 comunidades Diaguitas de Huasco Alto y la firma canadiense Barrick responsable del polémico proyecto minero binacional de oro y plata Pascua Lama, en la empresa se mostraron “satisfechos de haber firmado un Acuerdo de Intercambio de Información y Comunicación o diligencia debida que se alinea a los estándares del Convenio 169″.
A través de un comunicado agregaron, que “este acuerdo marca una nueva etapa en la que trabajaremos con transparencia, apertura y de manera más inclusiva con las comunidades diaguitas y las demás comunidades del Valle del Huasco. Esperamos que este nuevo comienzo nos lleve a una relación de confianza en el largo plazo, ya que es en esa dirección que la compañía trabaja al máximo y diligentemente, para cumplir con todas las exigencias regulatorias, sociales, ambientales y judiciales”.
Luego enfatizan que pese a que el proyecto minero está paralizado en el lado chileno, “nuestro objetivo es obtener los permisos para retomar la construcción. Y lo haremos de la mano de las comunidades. Sabemos que recobrar la confianza es un proceso largo y que requiere consistencia en el tiempo. Pascua-Lama está en ese camino”.
Asimismo indicaron que entregarán “los recursos financieros y materiales que sean necesarios para apoyar las actividades de conocimiento y análisis de la información. Este Acuerdo debiera posibilitar, en los próximos meses, tener un Diagnóstico Común y eventualmente suscribir un Convenio de Diálogo y Cooperación que ojalá nos lleve, luego, a compartir una mirada inclusiva de largo plazo sobre Pascua-Lama”.
La mirada de la ministra
De cara al proceso iniciado y que en una primera etapa se extenderá por seis meses partiedo con una auditoría ambiental al proyecto, a cargo de expertos nacionales o extranjeros, la ministra de Minería Aurora Williams sostuvo que se trata de un importante avance, pero agregó que no es el único que debe darse de cara a una eventual viabilización del proyecto minero que actualmente se mantiene paralizado.
En este sentido subrayó la importancia de concretar una participación efectiva de las comunidades y resolver los aspectos técnicos ligados a temas como el tratamiento de aguas y que fueron planteados por diversos organismos.
“Más que del inicio del proceso debemos hablar de cuando esto esté resuelto y eso va ocurrir cuando se concreten dos situaciones y en eso vamos a ser bastante majaderos. Uno es que efectivamente exista lo que denominamos la licencia social, es decir, que las comunidades efectivamente sean parte de estos proyectos; y por otro lado, que se resuelvan los observaciones técnicas que los distintos organismos plantearon”, dijo la ministra.
