Con el anuncio del gabinete, el debate sobre el próximo gobierno busca instalarse en torno a una alarma recurrente desde la lógica opositora: los conflictos de interés.
Si el progresismo concluye que gobernar fue solo un paréntesis incómodo entre dos momentos de oposición, no solo habrá perdido el gobierno. Habrá perdido credibilidad histórica. Porque la ciudadanía y sobre todo el votante obligado, no premia la coherencia abstracta. Premia a quienes demuestran que saben resolver problemas. Si la convicción no aprende del poder, deja de ser proyecto y se convierte en refugio.
Gobernar un municipio exige eficacia; gobernar un país exige, además, conducción política, negociación de intereses y capacidad de disputar un rumbo. El alcalde ejecuta; el presidente arbitra conflictos nacionales y toma decisiones estructurales. El primero acumula aprobación ciudadana; el segundo debe construir mayorías. En ese tránsito, algo se quiebra.
La derrota del oficialismo es también una derrota política del sector que representa el Presidente Boric. No solo porque pierden el gobierno, sino porque se cierra el ciclo del cual fueron su principal expresión generacional.
El voto obligatorio reconstruyó la forma, pero no el fondo de la democracia chilena. Amplió la base de participación, pero no la de legitimidad social e institucional.
El riesgo es evidente. Si de manera inmediata no logra producir una mejora clara en seguridad, perderá simultáneamente su principal atributo electoral, la cohesión interna de su sector y el respaldo ciudadano. La seguridad no será un tema más de su administración; será la base de su estabilidad política, la herramienta para evitar un clima de malestar social y la condición habilitante para cualquier agenda adicional que busque impulsar desde La Moneda.
La pregunta de fondo es si tiene sentido mantener un mecanismo voluntario al inicio de un ciclo electoral cuya fase decisiva es obligatoria. El problema no es la herramienta, sino el diseño.
Si se da el escenario de quedar bajo el 38%, el oficialismo no tendrá a quién culpar más que a sí mismo. La ingeniería electoral se ejecutó como manda el manual: primaria para candidato único, lista parlamentaria amplia y aun así no alcanzó. La explicación ya no es técnica ni comunicacional: es política.
Los cambios que Chile necesita en salud dependen de la capacidad de generar consensos amplios que se traduzcan en acción.
El desafío no es legislar más rápido ni acumular más leyes, sino definir cuáles realmente importan. Gobernar no consiste en medir la política por su volumen, sino por su impacto. Porque cuando se confunde cantidad con calidad, la democracia se vuelve un sistema que produce mucho y transforma poco.