Si José Antonio Kast llega a la presidencia, su gobernabilidad dependerá principalmente de un solo factor: su capacidad de instalar un cambio en seguridad desde el primer día. En un contexto de minoría parlamentaria, la gobernabilidad no es solo administrar tensiones ni coordinar coaliciones; es sostener una aprobación alta que permita articular la tensión identitarias entre las derechas, ordenar las diferencias internas y contar con el apoyo ciudadano necesario salir del status quo e impulsar reformas económicas que requieren tiempo, negociación y mayorías circunstanciales. Pero, además, es la capacidad de contener el malestar social y asegurar estabilidad en la calle, un elemento decisivo en un país donde la conflictividad puede alterar por completo cualquier agenda de gobierno.
La razón es simple. La seguridad no es solo su principal promesa electoral, es el principal ámbito donde puede generar resultados rápidos y perceptibles que impacten transversalmente a la población general. Las acciones de control policial, la adopción de nuevas tecnologías, la presencia del Estado en zonas o barrios críticos de alta visibilidad, la gestión migratoria y la reducción de delitos de alto impacto tienen una temporalidad que ninguna reforma económica o sanitaria puede igualar. Ese diferencial convierte la seguridad en su principal activo político para sostener evaluación ciudadana positiva y mantener alineado a su sector.
Por lo mismo, la pregunta estratégica para un gobierno Kast no es cuál será su plan de seguridad para los primeros 100 días. Esa lógica es insuficiente y no dialoga con una ciudadanía que es crítica del sistema político y espera soluciones inmediatas acorde con la promesa de un gobierno de emergencia. Lo decisivo es qué hará el mismo 11 de marzo cuando asuma la presidencia, qué medidas concretas adoptará en su primera semana y cómo estructurará sus pautas de prensa de manera permanente durante los primeros meses para así poder instalar realmente un cambio en la tendencia.
La secuencia debe demostrar que el Estado recuperó capacidad de acción en seguridad. Eso implica medidas con impacto perceptible en la ciudadanía, capacidad operativa inmediata y coherencia estricta entre anuncio y ejecución. Intervenciones rápidas, despliegues visibles y decisiones coordinadas que instalen la percepción de que el gobierno tomó el control antes de que aparezcan tensiones internas o se articule una oposición más amplia desde el Congreso o los municipios.
Si logra cumplir esta promesa, Kast podrá transformar la seguridad en capital político: aprobación alta, un bloque oficialista ordenado y la posibilidad de construir apoyos transversales más allá de su sector para materias económicas, sanitarias, fiscales o laborales que no entregan réditos en el corto plazo.
El riesgo es evidente. Si de manera inmediata no logra producir una mejora clara en seguridad, perderá simultáneamente su principal atributo electoral, la cohesión interna de su sector y el respaldo ciudadano. La seguridad no será un tema más de su administración; será la base de su estabilidad política, la herramienta para evitar un clima de malestar social y la condición habilitante para cualquier agenda adicional que busque impulsar desde La Moneda.
