Ministra del Sernam: "Gobierno despenalizará el aborto en determinados casos"

El Gobierno chileno tiene previsto despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en determinados casos, anunció Claudia Pascual, ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).

La despenalización del aborto, que estaba contemplada en el programa electoral con el que Michelle Bachelet ganó las presidenciales en diciembre pasado, no se llevará a cabo de manera inmediata, puntualizó Pascual.

Si bien la ministra no anticipó los plazos ni los supuestos legales de despenalización, la titular del Sernam aseguró que “el programa de gobierno contempla avanzar en los ámbitos de una ley de derechos sexuales y reproductivos y también la posibilidad de despenalizar la interrupción legal del embarazo en tres causales”.

“Pero cuándo se va a dar ese debate es algo que nosotros estamos preparando todavía, porque todo no se puede hacer al mismo tiempo”, argumentó.

“Mi prioridad es cumplir el programa de gobierno”, declaró la directora del Servicio Nacional de la Mujer, quien aspira a que el Parlamento apruebe pronto el proyecto de ley que dotará a este organismo del rango de Ministerio, porque de ese modo contará con más recursos humanos y materiales para desarrollar su labor.

Además, la ministra quiere que el legislativo dé luz verde cuanto antes a la puesta en funcionamiento de 24 nuevas centros de acogida para mujeres maltratadas, con lo que se duplicaría la actual infraestructura.

Pascual evitó dar cifras acerca del número de feminicidios que se producen anualmente en Chile, pero reconoció que el problema reviste una extraordinaria gravedad.

“Aunque hubiera un solo caso, nadie podría quedar contento (…), es un drama que nos preocupa a todo el Gobierno”, agregó la ministra, quien se pronunció a favor de que este problema sea abordado con “una política de Estado”.

Claudia Pascual se congratuló por el reciente envío al Parlamento de un proyecto de ley para reemplazar el sistema electoral binominal por uno proporcional y que también fija un esquema de cuotas que garantiza que al menos un 40 % de los postulantes al Congreso sean mujeres.

“No es una ley contra los hombres (…), sino que pretende corregir una sobrerrepresentación”, toda vez que hoy en día la participación femenina en puestos legislativos apenas roza el 15 por ciento, explicó.