Datos recientes del INE muestran el aumento, sobre el 20%, de mujeres que buscan trabajo por primera vez, comparados los trimestres agosto-octubre 2013 y 2014. Dicho aumento se concentra en mujeres entre 25 y 29 años y luego entre 40 y 44 años. Es decir, es menor entre aquellas que se encuentran entre los 30 y 39 años, con mayor probabilidad de estar en la etapa “dura” de la maternidad y cuidado de hijos/as menores.
El acceso de las mujeres al trabajo productivo no sólo genera ingresos, sino “autonomía económica”. Es decir, la capacidad de decidir y proyectar. También interpela el “contrato tradicional” al interior de las parejas y la familia. De allí la importancia de identificar y remover las barreras de género que impiden el ingreso de las mujeres a mercados laborales no precarios, sobre todo de las madres, tarea que le compete al Estado pero también a la sociedad en su conjunto. Dichas barreras son patrones desiguales de acceso, participación y control sobre los recursos, servicios, oportunidades y beneficios. Pueden ser estructurales o funcionales y refuerzan las relaciones de poder disímiles entre mujeres y hombres.
Las medidas de conciliación familia y trabajo, que se desprenden de políticas privadas o públicas y normativas legales, dirigidas sólo a las mujeres, solidifican la antigua división sexual del trabajo Hombre/proveedor y Mujer/cuidadora y no aportan al cambio cultural que se requiere. De allí que la noción equilibrio o satisfacción familia y trabajo refleje mejor el necesario involucramiento paritario de padres/madres en el cuidado de hijos/as pequeños. Lo que se optimiza con la mayor participación del Estado en soluciones eficaces de cuidado e incentivo al uso masculino de beneficios (postnatal y otros) y la mayor sensibilización del propio mercado de trabajo para mejorar la relación trabajo-tiempo y aminorar los conflictos entre ambos.
