El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se hizo presente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para entregar su visión respecto al proyecto de reajuste del sector público, dando a conocer sus aprehensiones a la iniciativa impulsada por el Gobierno.
En su presentación, el organismo alertó que ya en octubre pasado había dado cuenta que la Ley de Presupuesto 2026 no contemplaba el ajuste a la inflación en lo relativo al gasto en personal, por lo que en caso de generar una medida adicional que supere la norma “se generaría presión sobre el resto del presupuesto, comprometiendo el cumplimiento de la meta fiscal correspondiente”.
Junto con ello, el CFA apuntó que Hacienda informó que el costo del reajuste al sector público sería de USD 1.668 millones y “de este, USD 876 millones están asociados al reajuste de remuneraciones y subvenciones, representando el 52% del costo total estimado. Los restantes USD 793 millones están destinados a financiar beneficios adicionales (48% del costo estimado), tales como bonos y aguinaldos del sector pasivo, cotizaciones del empleador para Atención Primaria de Salud (APS) e incentivos al retiro, entre otros”.
En ese sentido, advirtió que “el financiamiento del proyecto de reajuste 2026 recae fundamentalmente en las provisiones y capacidades de reasignación”. En base a esto, “el CFA estima, según antecedentes entregados por el Ministerio de Hacienda, que para financiar el reajuste del sector público de 2026, se requerirá un financiamiento adicional de, aproximadamente, USD 822 millones respecto de las fuentes identificadas, lo que es un esfuerzo exigente”.
Paula Benavides, presidenta del CFA, dejó en claro que “el proyecto de reajuste involucra gastos permanentes, lo que introduce presiones de igual naturaleza, por lo que las fuentes de financiamiento deben ser permanentes, lo que no se da, por ejemplo, en el diferimiento de contrataciones”.
“El Consejo advierte que el proyecto de ley de reajuste 2026 se formula en un escenario de estrés fiscal, caracterizado por déficit estructurales persistentes, incumplimientos de las metas de balance estructural, un nivel de deuda bruta cercano al nivel prudente y un bajo nivel de activos en el Fondo de Estabilización Económica y Social, entre otros”, por lo que llamó a Hacienda a explicar detalladamente las fuentes de financiamiento adicionales del reajuste, ya sea con reasignaciones presupuestarias o con cargo al Tesoro Público.
