El fuerte aumento en el precio de las gasolinas, anunciado por el Ministerio de Hacienda del gobierno de José Antonio Kast, encendió las alertas en el sector productivo. Desde la Multigremial Nacional, su presidente Juan Pablo Swett advirtió que el escenario podría afectar seriamente la continuidad de muchas Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), especialmente aquellas con márgenes más estrechos.
La organización enfatiza que el impacto será especialmente crítico para las PyMes, que dependen directamente del transporte de carga -movido casi en su totalidad por diésel- y que no cuentan con herramientas para amortiguar este tipo de shock. Según estimaciones del gremio, los costos podrían aumentar entre 15% y 23% en transporte y logística; entre 8% y 14% en construcción; entre 8% y 15% en el sector agropecuario; entre 5% y 10% en comercio con distribución; y entre 4% y 8% en manufactura liviana.
“Respecto a la viabilidad de las empresas, existe un riesgo real de que muchas no puedan seguir operando o apenas sobrevivan, ya que el sobrecosto mensual puede superar por completo el margen operacional disponible (8-15%) en algunos casos, el que ya es estrecho”, dice el dirigente gremial.
Medidas urgentes
Swett sostuvo que existen mecanismos de apoyo que el plan gubernamental actual no contempla y que podrían aplicarse de manera rápida para mitigar el impacto. Entre ellos, planteó la posibilidad de reducir el IVA a 12,1%, ampliando la base tributaria para disminuir la carga sobre los sectores productivos sin afectar la recaudación fiscal.
Asimismo, propuso extender el subsidio que hoy beneficia solo a los taxis colectivos a todo el sector, además de implementar plazo diferido de obligaciones tributarias por 60 días para resguardar la liquidez de las empresas.
Buscar liquidez
Ante este escenario, Swett planteó que, dada la falta de liquidez en los sectores más expuestos, se justificaría activar mecanismos de financiamiento similares al Fogape a través de BancoEstado. En particular, propuso una línea de capital de trabajo con tasas preferenciales que permita a las empresas cubrir su operación durante el período de ajuste del mercado, estimado entre uno y tres meses.