La familia Diéguez, ex dueña de la empresa sanitaria Disal, presentó una querella contra el presidente de la concesionaria a cargo de Universidad de Chile, Michael Clark, y otros ejecutivos del Grupo Sartor, a los que acusa de un multimillonario fraude.
De acuerdo con la acción judicial, todos los acusados incurrieron en los delitos de administración desleal, negociación incompatible e infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas, respecto de inversiones de Disal hechas a través de Sartor.
La sociedad Inversiones ADM SpA, vinculada al grupo familiar, dirigió su querella contra nueve personas naturales y dos sociedades ligadas al Grupo Sartor, de acuerdo con lo informado por La Tercera.
Entre los principales querellados figuran el presidente de Sartor Administradora General de Fondos (AGF) y de Asesorías e Inversiones Sartor, Pedro Pablo Larraín; el director en ambas firmas, Rodrigo Bustamante, y el ex gerente de inversiones de Sartor AGF, Alfredo Harz.
A ellos se suman los directores de Asesorías e Inversiones Sartor, Miguel León, Carlos Larraín y Michael Clark, y el director en ambas compañías y controlador de Azul Azul a través del FIP Tactical Sport, Óscar Ebel.
Qué se sabe de la querella de la familia Diéguez contra Michael Clark
Según el querellante, el presunto fraude cometido por los denunciados ascendió a más de 4.286 millones de pesos, aunque el abogado Gonzalo Diéguez Salgado, quien administra los negocios de la familia, sostuvo que “el daño no se limita al ámbito económico”.
“La querella acusa a los ejecutivos de Sartor de vender, a un precio muy inferior al del mercado, las acciones que controlaban de Azul Azul, justo cuando enfrentaban una inminente liquidación forzosa por deudas y una investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)“, detalló el citado medio.
El documento establece que “en diciembre de 2024, Michael Clark -a través de su sociedad Antumalal- compró el 100% del fondo Tactical Sport, que controlaba el 63% de Azul Azul, por un monto que equivale a solo $219 por acción, pese a que en bolsa se transaban en $550“, añadió.
En concreto, la acción judicial acusa a los directivos conflicto de intereses, luego de utilizar los fondos de sus clientes para financiar empresas relacionadas a ellos mismos, en abierta contravención a la normativa del mercado de valores y al deber de lealtad con los inversionistas.
Apunta también que a partir de 2023 Sartor dejó de pagar la rentabilidad comprometida y desde esa fecha no ha restituido el capital invertido por la sociedad querellante, indicó radio Cooperativa, según la cual “la acción legal se respalda en diversas resoluciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), organismo que ya revocó la autorización de existencia de Sartor AGF“.
Al referirse a la querella, el abogado de Sartor AGF, Jaime Winter, planteó que “está demostrado que hasta la intervención ilegal de la CMF, Sartor siempre cumplió en forma y tiempo con sus clientes. Este tipo de acciones son una forma lamentable de acercarse a resolver temas civiles a través de acciones penales que buscan el oportunismo“.
