La Fiscalía Nacional Económica (FNE) realizó una entrega preliminar de un análisis de la educación superior, donde analizó el comportamiento competitivo de las universidad, institutitos profesionales y centros de formación técnica.
Dentro de las principales conclusiones está que el mercado mueve US$ 6.800 millones (a 2023 cuando se cerró el análisis), es decir un 2.1% del PIB. De acuerdo con la FNE, 126 instituciones tuvieron matrículas: 55 universidades, 31 institutos profesionales y 40 centro de formación técnica. “En conjunto, estas
instituciones configuran una oferta académica de más de 5.000 programas de pregrado, los que, desde luego, pueden diferir significativamente entre sí.”, detalló el documento.
De acuerdo con el informe, en 2024, 350.683 personas comenzaron a cursar un programa de pregrado en Chile, mientras que la matrícula total en este nivel superó los 1.277.000 estudiantes. De estos
últimos, la mayor parte (aproximadamente 706.000 personas, equivalentes al 55% de la matrícula total) estudiaba en universidades, aproximadamente 426.000 (un 33%) lo hacía en institutos profesionales (“IP”) y aproximadamente 145.000 (un 12%) en centros de formación técnica (“CFT”).
Limitantes para la libre competencia
La Fiscalía Nacional Económica detectó tres principales limitantes para la libre competencia en el mercado de educación superior asociados a la toma de decisiones por parte de los estudiantes, fallas en la divulgación de información sobre variables competitivas relevantes para los postulantes y barreras regulatorias que dificultan injustificadamente el proceso competitivo.
“Estos factores provocan que la elección que realizan las personas al ingresar a la educación superior no siempre aumente sus posibilidades de encontrar empleo, ni se traduzca necesariamente en una remuneración que sea superior a la que hubieran alcanzado en caso de no haber cursado una carrera.”, explicaron.
En el estudio, la FNE constató que 35% de las carreras de educación superior que hoy se ofrecen tiene un retorno económico negativo y que el porcentaje de personas que ingresa a este segmento de carreras ha tendido a aumentar, alcanzando cerca de 40% en 2023.
La FNE observó también que los estudios superiores y las ocupaciones laborales se encuentran desalineados, ya que 2 de cada 5 personas declaran que su trabajo se relaciona parcialmente o poco o nada con sus estudios y 1 de cada 2 personas indica estar sobrecalificada.
“El diagnóstico reveló, además, que existen importantes diferencias en la calidad de la educación que entregan las instituciones, tanto entre los subsistemas universitario y técnico profesional como al interior de éstos. En particular, se constató que las instituciones que más cobran en relación con sus costos no son las que entregan los mejores servicios educacionales.”
La FNE realizó un listado de recomendaciones que lograrían reducir 10% la deserción de estudiantes, y que los beneficios para las familias y el Estado, traídos a valor presente, ascenderían a US$ 852 millones por año, lo que representa un 13% de los ingresos anuales de todo el sistema.
Respecto a los problemas en la toma de decisiones, la FNE propone:
- Reforzar la orientación vocacional, idealmente durante toda la enseñanza media.
- Capacitar a docentes en el uso de herramientas informativas.
- Crear un sistema de información personalizado que considere un test vocacional y recomendaciones basadas en datos de empleabilidad, ingresos, aranceles, duración de las carreras y tasas de deserción, entre otros atributos.
En cuanto a las fallas en la divulgación de información, las recomendaciones son:
- Implementar, sobre la base de las plataformas existentes (como Mifuturo.cl), una plataforma digital centralizada, que permita comparar programas de manera intuitiva y ágil a partir de los atributos relevantes para los estudiantes.
- Establecer un hito informativo obligatorio previo a la postulación.
- Mejorar la transparencia en variables fundamentales, como los niveles de satisfacción luego del egreso, incluir la satisfacción estudiantil en los criterios de acreditación y calcular el valor económico agregado de cada programa.
En relación con las barreras regulatorias, que restringen la competencia, la FNE propone:
- Perfeccionar y profundizar el régimen de tratamiento de derecho público diferenciado para universidades estatales.
- Perfeccionar el AFD reemplazando el criterio de asignación histórico que aplica al 95% de los fondos por mecanismos de asignación basados en indicadores objetivos de distribución.
- Actualizar las definiciones legales en cuanto al sistema de títulos y grados, implementar un suplemento al diploma para facilitar la convalidación, revisar requisitos legales vinculados a la duración de los programas y facilitar la movilidad estudiantil.
