Las obras de ampliación y mejoramiento de la Ruta 78 -que une a Santiago y San Antonio- tienen en alerta a varias comunas de la Región Metropolitana. El trayecto implica trabajos que cruzan Maipú, Santiago, Talagante, San Antonio, Padre Hurtado, Cerrillos, Peñaflor, Cartagena, Melipilla, El Monte, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel.
De acuerdo con la información del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el proyecto amplía y mejora la capacidad de esta carretera, fundamental para el transporte de carga entre Santiago y el puerto de San Antonio, así como para los viajes a las zonas turísticas costeras.
Su ejecución -a cargo de Sacyr por medio de la Sociedad Concesionaria San Antonio Santiago- tiene un costo de US$ 915 millones y parte del trazado contempla expropiaciones, incluyendo unos 4 mil metros cuadrados del parque inundable Víctor Jara, lo que despertó inquietud en la sociedad civil.
“El proyecto resulta contradictorio, especialmente en el contexto de la comuna de San Miguel, caracterizada por una notoria falta de espacios públicos, áreas verdes y equipamiento. De manera concreta, la iniciativa implica la pérdida de aproximadamente 4.000 m2 de espacio público con áreas verdes y equipamiento programático (con canchas, áreas de juego y deportivas), debido a la ocupación del Parque Intercomunal Víctor Jara y áreas aledañas para la proyección de nuevo acceso oriente. Cabe señalar que en la Evaluación no se constata la existencia de medidas de mitigación ni compromisos ambientales voluntarios que compensen esta pérdida para la comuna”, se detalla en la evaluación ambiental de la obra.
Alertas desde San Miguel
“Estimados vecinos, nos llegó la noticia que el proyecto Fase 2 Ruta 78 está en etapa de aprobación de impacto ambiental. Para nosotros el impacto es que el tramo del parque que va desde la calle Natalie Cox hasta San Ignacio desaparecerá, por no ser considerado por el proyecto como un área verde NO significativa”, indica un WhatsApp de un condominio de San Miguel.
El parque Víctor Jara, inaugurado en su primera etapa en enero de 2018, fue un proyecto ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. Contempló la construcción de 41 hectáreas, en 4,7 kilómetros de extensión, con una inversión de $53 mil millones. El mismo fue concebido para realizar obras “de canalización del zanjón de La Aguada para evitar desbordes frente a posibles crecidas”.
De allí que la preocupación crece por los efectos que tendría el trazado en dicha función.
“Se solicita al Titular aclarar si el proyecto presentado modificará temporalmente o
permanentemente obras públicas ya construidas como lo son el Parque Inundable Víctor Jara, que
brindan seguridad ante el riesgo de crecidas o inundaciones, ya que según lo expresado en el Capítulo
2 Descripción de Proyecto del EIA, se modificaría el parque inundable, lo que puede comprometer
la seguridad e integralidad de las personas como sus viviendas”, indica el informe consolidado de observaciones de la evaluación ambiental del proyecto.
Preocupación comunal
La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, explica a EL DÍNAMO que el proyecto se encuentra en medio de su evaluación ambiental y que, en ese contexto, hicieron llegar todas sus observaciones a la autoridad.
“Este parque se creó como una solución a efectos de las aguas lluvia, por ende, sería bueno aclarar cómo se soluciona ese problema. Pero también nos preocupa, por ejemplo, la expropiación de un terreno del comité de vivienda La Minga. Llevaban años trabajando por un terreno que ahora aparece en el trazado de expropiación”, detalla la alcaldesa.
Bown agrega que entre los vecinos afectados hay incertidumbre sobre el trazado final de las obras, pero que “con la crisis habitacional existente no es fácil encontrar un nuevo terreno para los vecinos”.
La autoridad comunal añadió que pretenden reunirse con los otros municipios afectados y la concesionaria para establecer una mesa de trabajo que les permita aclarar todas las dudas del proyecto.
Suspendido hasta nuevo aviso
El MOP explicó a EL DÍNAMO que respecto del contrato de concesión Autopista Santiago – San Antonio, Ruta 78, las obras correspondientes al Subsector A, desde la intersección con ruta 5 en Isabel Riquelme, en la comuna de Santiago, hasta el sector de Rinconada en la comuna de Maipú, del proyecto referencial, que podrían interferir con el Parque Víctor Jara, serán suspendidas mediante el acto administrativo correspondiente, con el objeto de desarrollar las ingenierías del proyecto de bitúnel y así evaluar y validar la factibilidad de ejecución de las obras en el tramo comprendido, aproximadamente, entre la intersección con la Ruta 5 y la calle Bascuñán Guerrero.
“En relación con la información entregada durante las participaciones ciudadanas asociadas al proceso de Estudio de Impacto Ambiental, cabe señalar que la Sociedad Concesionaria ingresó el EIA del Sector 1 con el fin de dar cumplimiento a los plazos contractuales vigentes, sin perjuicio de que, paralelamente, se encuentra en desarrollo la modificación de contrato señalada en el párrafo anterior”, detalló la autoridad.
Desde el MOP agregaron que este proceso de revisión busca compatibilizar la futura solución vial con las obras y servicios aledaños, reduciendo interferencias, manteniendo la conectividad del sector y preservando las condiciones ambientales y territoriales del Parque Víctor Jara y del eje del Zanjón de la Aguada.
La Sociedad Concesionaria Autopista San Antonio–Santiago explicó a EL DÍNAMO que actualmente se encuentran en instancias de conversación con el Ministerio de Obras Públicas para avanzar en posibles soluciones alternativas al proyecto, particularmente en lo referido al enlace entre Ruta 5 y Ruta 78, ubicado al inicio de la concesión.
La empresa asegura que el objetivo es consensuar las observaciones de la autoridad y de los procesos de participación ciudadana, que levantaron la inquietud por la expropiación del parque.
“En caso de que los eventuales ajustes a la infraestructura establecida en el contrato de concesión lleguen a concretarse, el tratamiento ambiental del Subsector A se realizará conforme a la normativa vigente y a las directrices de la autoridad ambiental y de nuestro mandante, el Ministerio de Obras Públicas. Este enfoque permitiría que dicho subsector cuente con plazos de tramitación diferenciados, evitando retrasos en el desarrollo del resto de las obras originalmente contempladas en el contrato”, explicaron.
Añadieron que “reafirmamos nuestro compromiso con una tramitación responsable, transparente y plenamente alineada con la regulación aplicable, siempre resguardando la seguridad, el bienestar de las comunidades y el adecuado desarrollo del territorio”.
