El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal presentada por Álvaro Jalaff en contra de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, además de Rodrigo Topelberg, por su eventual responsabilidad en los delitos de estafa, falsificación de instrumento privado, uso malicioso de instrumento mercantil, acceso ilícito y fraude informático.
Con esta resolución, el tribunal estimó cumplidos los requisitos formales de la acción penal y dispuso remitir los antecedentes al Ministerio Público, que deberá conducir la investigación de los hechos denunciados.
El esquema
Según la querella, los hechos se originan en la relación de financiamiento que mantuvieron las sociedades ligadas a Álvaro Jalaff con Factop, firma de factoring controlada por los querellados. A partir de 2021, sostiene la acción, se habría implementado un mecanismo irregular de emisión y prórroga de facturas, que terminó incrementando artificialmente la deuda del denominado Grupo Jalaff.
El libelo describe que, bajo la apariencia de operaciones de factoring, se emitieron cientos de facturas sin respaldo en operaciones comerciales reales, las que posteriormente fueron aceptadas electrónicamente y cedidas a terceros -bancos, fondos de inversión y empresas de factoring- para obtener financiamiento.
El relato de Jalaff
Uno de los ejes centrales de la querella es la existencia de un mecanismo denominado “triple check”, que habría implicado el acceso no autorizado a las claves tributarias de las sociedades de Jalaff en el Servicio de Impuestos Internos (SII).
De acuerdo con el escrito, este sistema permitía emitir facturas electrónicas falsas, aceptarlas sin conocimiento del supuesto receptor y marcarlas como “no incluidas” en el Registro de Compras y Ventas, con el objetivo de eludir controles y facilitar su circulación en el mercado financiero.
Perjuicio millonario y efectos colaterales
La querella sostiene que solo durante 2023 se habrían emitido más de 500 facturas fuera del marco del financiamiento acordado, por un monto superior a $4.900 millones, parte de las cuales fueron cedidas a terceros.
Según el empresario, el esquema le habría provocado daños patrimoniales directos, costos financieros relevantes y contingencias tributarias, además de obligarlo a contratar créditos para recomprar facturas y regularizar su situación.
Con la querella ya declarada admisible, será ahora el Ministerio Público el encargado de determinar la existencia de delitos y las eventuales responsabilidades penales de los imputados.
