Hay que ponerle un poco más de empeño

El día domingo los rectores de las universidades privadas Diego Portales y Alberto Hurtado, escribieron una columna en El Mercurio en contra del financiamiento e implementación de la gratuidad hasta el año 2017. Estas instituciones adscritas a la política de gratuidad, hoy acusan mala implementación y falta de recursos estatales, ya que hasta el momento la gratuidad solo asegura el pago del arancel de los estudiantes y no contempla presupuesto para investigación y extensión, entre otros. Esto, a juicios de los rectores tendría como consecuencia que la calidad de la educación que se imparte en las instituciones comience a declinar, razón que implicó que ambos declararan que si esta situación no cambiaba, desde el próximo año no iban a recibir estudiantes con gratuidad.

Para que las universidades privadas ingresaran a este sistema, debían cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encontraban estar constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro y estar acreditadas por un mínimo de cuatro años. Sabemos como estudiantes que la gratuidad desde esta perspectiva es insuficiente y que no se han visto plasmadas en su totalidad las demandas del movimientos estudiantil. Tampoco desconocemos que hoy en nuestro país 200 mil estudiantes de los sectores más pobres lograron ingresar a la educación superior, cambiando no solo la vida de sus familias, sino que transformando la composición social de varios planteles de educación superior.

En nuestra universidad la gratuidad alcanzó una cobertura de 5 mil estudiantes, que constituyen el 35% del alumnado. Esto tiene una incidencia en la diversificación socioeconómica de nuestra casa de estudio, que hasta el 2015 recibía alrededor de un 40% de estudiantes provenientes de colegios particulares pagados, mientras que sólo el 16% provenía de colegios municipales. Hoy estamos seguros que eso ha cambiado y que es una de las grandes ganadas de los planteles privados.

Desde la Federación de Estudiantes, creemos que no debemos salirnos de la gratuidad y que de manera crítica hay que trabajar en conjunto con todos los actores involucrados para perfeccionar las políticas de gratuidad. El movimiento estudiantil ha planteado que las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que reciban financiamiento estatal deben cumplir con mayores exigencias para que se consagren como la columna vertebral del sistema educativo, para así apuntar a robustecer el rol público de las mismas instituciones educativas. Por otra parte, pensamos que esta política debe ser abordada desde una perspectiva de largo plazo para no estar supeditada a las discusiones y prioridades que tenga cada Gobierno.

Ahora bien, lo que menciona el rector Carlos Peña no es incorrecto. Hoy en día, la gratuidad sólo financia la docencia dentro de nuestras casas de estudio, lo que significa que no se pueden distribuir los recursos estatales en mejorar el rol que cumplen las instituciones de educación superior con nuestra sociedad. Una de las promesas más esperadas del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet es la reforma a la educación superior, donde aún no existen claridades con respecto a la forma y el fondo que contemplaría este proyecto.

Respecto a la reforma, se informó que esta constaría de dos proyectos. Uno de estos estaría dirigido a la educación estatal, y un segundo, contemplaría aspectos regulatorios. Dentro este segundo, se anunció que se daría fin al lucro. Es importante que desde las instituciones privadas que optamos por financiamiento público, tengamos claro que es natural, y que también es positivo, que el Estado plantee mayores exigencias para acceder a estos recursos. Si hay algo que el debate educacional ha mostrado durante el último año, es que existen instituciones unidocentes, que buscan exigir recursos del Estado sin plantear siquiera la voluntad de cumplir con ninguna condición y aquellas instituciones privadas con vocación pública deben marcar la diferencia, comprometiéndonos con más y en ningún caso, restando elementos tan gravitantes como la gratuidad.

De todas maneras, en base a lo planteado por ambos rectores, vemos que esta reforma debe cambiar el sistema de financiamiento, fortaleciendo a la educación estatal, generando un marco que regule el financiamiento y que consagre absolutamente la educación de calidad, que no solo garantice la gratuidad, sino que se haga cargo de todas las dimensiones que aportan a una mejor educación de los estudiantes chilenos, como lo señalaron Carlos Peña y Eduardo Silva.

Estamos en un procesos que implica un largo camino. Como Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales hacemos un llamado a trabajar con sacrificio y paciencia para concretar los cambios que el país necesita y no de frentón negarle el acceso a miles de estudiantes en los distintos planteles de educación.