La mirada crítica de expertos en educación sobre la Ley de Inclusión

La Ley de Inclusión no convence. Varios expertos concuerdan que la iniciativa será perjudicial para pequeños sostenedores, los que tendrán que invertir en infraestructura y no en calidad

La ex ministra de Educación, Mariana Aylwin afirmó a El Mercurio que “para aquellos colegios que ya eran fundaciones y tenían un copago bajo ha significado un beneficio ya que hay un incremento de recursos tanto por la subvención preferencial como por la subvención por gratuidad. Pero los problemas mayores los están viviendo establecimientos que son particular subvencionados con fines de lucro y que son pequeños”.

“La obligación de que las nuevas fundaciones sin fines de lucro compren la infraestructura es fácil para los grandes ya que los bancos les van a prestar el dinero, pero es muy difícil para los pequeños porque no tienen flujo de caja”, agregó la ex secretaria de Estado.

En esa línea, indicó que “hay muchos sostenedores que recorren y recorren bancos y no tienen la posibilidad de obtener un crédito para comprar la infraestructura”, si buscan transformarse en fundaciones sin fines de lucro.

Según explicó Tomás Ariztía, sostenedor del Colegio Sagrado Corazón de La Reina, “la opción que tiene la gran mayoría de los colegios es cerrar o transformarse en una fundación sin fines de lucro. Lo grave de eso es que los colegios están viéndose forzados a tomar esa decisión. Se les está diciendo ‘transfórmese en una fundación pero para eso tiene que ser dueño de la infraestructura’. Ese es el gran escollo”.

En ese sentido, indicó que esto “implica que esos colegios -la gran mayoría en Chile- se van a endeudar a 25 o 30 años con los bancos para pagar la infraestructura en la que funcionan”.

“Eso de que a partir de la Ley de Inclusión los recursos con los que cuenta el Estado irán a educación, que se entiende por cualquier cosa menos edificios, es falso. Porque va a ir a los bancos”, dijo

Por su parte, Jorge Beffermann, director nacional de los Colegios Santo Tomás, explicó que, en el caso de su institución, tres de los establecimientos van a quedar en condición de particular pagados, pero que si no se hubiera aprobado esta ley, los habrían mantenido como particular subvencionados. Denunció además que la autoridad “de forma ilegal y arbitraria” les ha impedido llevarlo adelante en el caso de su colegio en Puerto Montt, por lo que presentaron un recurso de protección ante los tribunales. “No quieren que los colegios pasen a particular pagados, nos han puesto toda clase de obstáculos”, dice.

En su opinión, “hay muchos colegios que van a cerrar. No solo por el problema de convertirse en fundaciones, sino además porque hay una persecución contra los subvencionados. Te piden informes, te van a ver, te multan por cualquier cosa. Hay un hostigamiento tremendo”.

Finalmente, Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, planteó es que “la obligación que se impone a los colegios de ser dueños de los inmuebles donde operan es en extremo absurda. Lo que hace es obligar a desarrollar determinadas inversiones que no son fundamentales para el mejor desarrollo de sus proyectos educacionales”.

De ese modo, dijo, “obliga a disponer de recursos que en este caso no van al sostenedor sino al banco que presta el dinero y, por lo tanto, es una imposición que a mi juicio debiera revisarse. Sería razonable que se deje sin efecto esa restricción considerando que hay consenso en que no es útil para la mejora del sistema, por el contrario, genera dificultades en la gestión de los colegios”.